Canarias se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de la inmigración ilegal a Europa. Desde el pasado verano, la incesante llegada de pateras ha hecho saltar las alarmas en un archipiélago que ha recibido en lo que va de año 10 veces más de inmigrantes que lo que se registró hace un año, pasando de los 1.500 a los más de 16.000. Las cifras, siempre frías, sitúan a las islas a día de hoy como el enclave preferido para las mafias que, conocedoras del refuerzo de la vigilancia tanto en el Mediterráneo como en la valla de Melilla, han optado por la vía del Atlántico para continuar con su negocio. Pese a que la cifra en el puerto de Arguineguín se ha reducido en los últimos días de manera drástica hasta bajar de los 600, en Canarias hay al menos, aparte de las personas que se encuentran alojadas en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, 5.500 migrantes repartidos en 17 hoteles; una situación que ha desbordado a los servicios de atención y que, al mismo tiempo, está generando un aluvión de críticas.
Aunque el Gobierno señala directamente a la pandemia y al cierre de muchas fronteras en África como el origen del aumento de la presión migratoria en las islas, el presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, echaba ayer más leña al fuego al señalar directamente a Marruecos como responsable, al considerar que es una fórmula que emplea Rabat para «presionar y chantajear» a España, utilizando a las islas como moneda de cambio para que no se interfiera en sus políticas expansionistas en el Sahara. También criticó que el Ejecutivo anteponga sus relaciones diplomáticas al bienestar de los canarios. Mientras, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaban la «descoordinación» ministerial ante este fenómeno, señalando a Interior como el máximo responsable de que la situación se haya descontrolado.
La intervención en el Congreso de Ana Oramas la pasada semana, denunciando la inacción del Gabinete de Sánchez y alertando sobre el inminente colapso, provocó la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Marruecos para pedir a Rabat un mayor control en sus fronteras. Desde su encuentro, la llegada de embarcaciones ilegales ha descendido de manera contundente, por lo que ha quedado claro que la respuesta del Gobierno español ha llegado tarde y que es necesario que el Ejecutivo continúe tendiendo puentes con el país vecino, alejándose de las declaraciones de Pablo Iglesias que pedía un referéndum para el Sahara Occidental, al mismo tiempo que insta a la UE a tomar las medidas necesarias para atajar un problema que la golpea de lleno y así se ponga freno a un drama que ha convertido al mar en el cementerio más grande del planeta.