Hay problemas cuya solución se antoja difícil, por no decir imposible. El conflicto árabe-israelí o el separatismo, por ejemplo. Otros problemas, no menos importantes, tienen una solución sencilla cuando hay voluntad. Pienso en la independencia judicial que tanto revuelo ha levantado en España y la UE en los últimos meses.
El quid de la cuestión radica en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPD), responsable en la gestión de asuntos internos que pueden afectar al signo de las sentencias más controvertidas. La solución más sencilla, objetiva y general consiste en sortear esos asientos entre los jueces interesados y que cumplan determinados requisitos. La segunda (second best), que los jueces elijan directamente a sus representantes.  
El sistema actual admite la elección de los miembros del CGPJ (no necesariamente jueces) por el Parlamento. La fuerte mayoría exigida (3/5) evita el dominio del partido en el poder, pero no los peligros de repartirse el botín judicial entre los dos o tres partidos mayoritarios. La propuesta del Gobierno, que rebaja la mayoría parlamentaria al 51%, asestaría la puñalada de muerte a la independencia del poder judicial. 
Igualmente nefasta me parece la permisión de organizaciones judiciales. Cualquier decisión del Gobierno siempre será respaldada por la organización que le es más afín, la progresista o la conservadora.
Alguno dirá. ¿Pero no es un error aislar la judicatura de las ideologías políticas, siempre en evolución? ¿Y no sería absurdo que el juez que ha de juzgar a un político ni siquiera haya oído hablar de él? Todo lo contrario. Es la mejor garantía de que las sentencias respetarán las leyes, a su vez circunscritas a la Constitución. ¿O es que pretendemos quitar la venda a las esculturas inmemoriales que representan a la Justicia?