Conforme se acredita el nulo efecto de las medidas adoptadas tanto por el Ejecutivo central, caso del estado de alarma ad hoc para Madrid, como por las comunidades autónomas, caso de los confinamientos perimetrales o del cierre de la hostelería, se manifiesta con más crudeza el fracaso de la política del ‘sálvese quien pueda’ exigida por algunas regiones y gustosamente firmada por un Gobierno que se lava las manos ante el embate de la segunda oleada de la pandemia. Ahora es Madrid quien, tras judicializar su confinamiento impuesto, sondea pedir el toque de queda para toda España, invirtiendo los términos de todo lo que ha venido defendiendo hasta la fecha: a saber, autonomía regional en la toma de decisiones.
La medida no tiene fácil encaje jurídico ni siquiera en los supuestos más restrictivos de cuantos se contemplan en el ordenamiento jurídico español, pero está siendo decretada sin titubeos en otros países de la Unión Europea donde al parecer sí que habían aprendido que no se atajan pandemias con tiritas. Las medidas radicales tienen un coste, sí, pero también una fecha de vencimiento y una alta probabilidad de éxito, mientras que los cierres parciales, la limitación de movimiento y la criminalización de casi toda actividad social únicamente están conduciendo a un estado de permanente ansiedad sanitaria y económica cuyas consecuencias siguen siendo, siete meses después, impredecibles.
Todos los modelos seguidos hasta la fecha desde el final del desconfinamiento por fases culminado en junio han fracasado con estrépito. La cogobernanza jamás existió y las comunidades no tienen medios a su disposición para imponer un control efectivo de la pandemia. Acaso el paradigma sea la frustración de Madrid por la falta de vigilancia real en el aeropuerto de Barajas, pero a mediana y pequeña escala son multitud los ejemplos de esta incapacidad. Por haber, ha habido modelos de gestión sencillamente inaceptables. Ha sido el caso de Navarra, donde una particularidad vinculada a su mapa hospitalario ha permitido esquivar por semanas la ‘doctrina Illa’ para el confinamiento a pesar de tener la peor incidencia acumulada por habitante del país. Y llamativa ha sido la laxitud de Moncloa con el Gobierno de la socialista María Chivite, presidenta gracias a la abstención de Bildu. No tuvo la misma suerte la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Con todo, si finalmente se logra cohesionar la política nacional para hacer frente a la pandemia y son necesarias medidas excepcionales, el PP deberá estar donde le corresponde: entendiendo las prioridades del país y de los españoles y anteponiendo las urgencias a cualquier otra consideración.