Como escribe Max Weber, o se vive para la política o se vive de la política.
Ya parece imposible cualquier debate serio sobre la imperiosa reflexión de lo que somos y queremos hacer, sobre el retorno a la ingenua honestidad social de la Transición, la integridad y la fidelidad política que permitiera nuestra consolidación y desarrollo democrático. La degradación democrática no interesa a los políticos más allá de lo que puede beneficiar o perjudicar electoralmente a sus respectivos partidos.
La perversión del sistema democrático que vivimos no es más que el resultado lógico de un proceso que perdura todavía en España con casos y situaciones actuales, donde la panda de mentirosos, corruptos, vividores y sinvergüenzas es la de siempre. Son los mismos del caso GAL, el caso Naseiro, el caso PSV, Filesa, Malaya, los falsos ERE, las recalificaciones urbanísticas, el caso Gürtel, el caso Matas, el caso Palau, el caso Pretoria, los aeropuertos fantasma, las Cajas de Ahorro. Son los de la proliferación de cargos e instituciones, la general cultura del pelotazo, el ladrillazo y la subvención, los de los muertos de ETA, la pésima calidad de la enseñanza, la general bajeza a ínfimos niveles de formación y cultura, los del chantaje nacionalista del 'procés', la sumisión al poder de los sindicatos y de los medios de comunicación y, en conclusión, los perversos hipócritas del cuento chino, el silencio, las tragaderas, el egoísmo y el individualismo.
El primer debate social y político, por encima de la crisis económica, por encima del paro, la sanidad y la enseñanza, debería centrase en la regeneración de la sociedad democrática, con algo tan sencillo como limitar el tiempo de dedicación a la política y el mandato de cargos orgánicos e institucionales, exigir el verdadero funcionamiento democrático de los partidos, suprimir las subvenciones a partidos y sindicatos y, sobre todo, intentar de alguna forma un cambio de legislación electoral para que el voto ciudadano no se vea distorsionado por un sistema que transforma la voluntad popular en escaños imperativos.
 El artículo 67.2 de la Constitución Española establece que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Es decir, que nuestros diputados y senadores electos se convierten en representantes con mando delegado para que ejecuten la voluntad popular sin más límites que los de la duración del mandato legislativo de cuatro años. Pero la realidad es otra, los partidos políticos obligan a sus afiliados y cargos a aceptar y cumplir a pie juntillas los acuerdos adoptados por los órganos directivos del partido.
En la partitocracia, el voto del diputado siempre será en la cuerda que le marque su secta. Es el partido el que lo elige candidato, el que decide el orden de las listas, el que lo alimenta, lo mima y le hace la vida más cómoda, sencilla y opulenta.