La opinión pública, por propio convencimiento, y además alentada por grupos de presión y comunicación diversos, suele criticar la educación en España basándose en generalidades y pocas veces en estudios objetivos, como el elaborado por la OCDE que, al respecto, se conocen periódicamente. Sucede que en esa crítica priman los detalles meramente ‘turísticos’ del asunto, habitualmente asociados a ataques entre partidos políticos a cuenta de la enseñanza de la religión o el gasto medio por alumno. Cuando ahora se ha entrado brutalmente en el fondo del asunto con la triste y sectaria reforma de la ley general educativa, de nuevo se soslaya la crítica sobre el olvido de una materia esencial y transversal: enseñarnos a vivir, que es decir lo mismo que educarnos en nuestros derechos humanos.
Las cifras de fracaso son lo que son y ofrecen un panorama incuestionable y aterrador por muchas causas, pero modestamente sostengo que la principal es que no se crea una conciencia previa sobre la utilidad de los conocimientos, cuando se renuncia a informar a cada niño o niña de su papel en la sociedad como jefe o pieza clave de la misma. Hoy hay que decirles que, en Democracia, a todos nuestros hijos e hijas se les ha de formar como hace siglos se instruía a los príncipes, pues en su mayoría de edad, todos asumirán con la suma de sus conocimientos y el ejercicio de sus derechos, el poder último del Estado. Y como príncipes y princesas aplicados a esa responsabilidad futura deberíamos tratarlos y ellos irse mentalizando.
Una educación completa y de calidad, que no comience por lo más cotidiano de la persona, creará una generación perdida más de ciudadanos activos, por mucho que estén formados en otros campos. La salida de la situación social, económica y política de un país en crisis viene de la mano de múltiples factores. Lo que estas líneas quieren aportar es una mera reflexión sobre el déficit de formación democrática que persiste en nuestra sociedad, obstaculizando tanto la participación como la responsabilidad ciudadana en la obra colectiva que un país significa. Apostar por una enseñanza sencilla y práctica de los derechos que cada uno tenemos, es tan solo un paso entre mil objetivos a conseguir, pero se presenta como el avance más transversal y oportuno siempre que lo que se desee es, verdaderamente, la capacidad de decisión última del “pueblo”. Cada derecho, como se ha dicho, es imprescindible en ese camino, pero por motivos obvios de inmediatez y eficacia, incrementar el conocimiento de los derechos de participación política, y entre ellos, del sufragio, debería ser una prioridad en nuestras sociedades ¿Será posible, pues, en España, aplicar en la práctica el art. 27.2 de su Constitución? («La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales»). Sabemos el fin de la educación, pero eludimos su estudio. Todo muy raro y muy a la española, también en este campo.