Seguimos analizando el Debate del Estado de la Nación (DEN). Hoy nos centraremos en la política de rentas como estrategia antiinflacionista propuesta por el Gobierno. La historia ha demostrado su utilidad cuando un brote inflacionista generado por el aumento del coste de la energía se propaga por aumentos salariales desvinculados de la productividad y gastos sociales financiados con dinero fácil. Los Pactos de la Moncloa (octubre 1977) suministran el mejor ejemplo de una política de rentas exitosa. Lograron atajar una espiral inflacionista que en cuatro años elevó el IPC del 5% al 24,5%. El problema de tales "pactos sociales" es que exigen muchos sacrificios a muchos grupos. No es fácil llegar a un acuerdo sensato y mantenerlo el tiempo necesario.
El quid de la política de rentas consiste en convencer a los sindicatos que dejen de relacionar el aumento del salario nominal con las últimas subidas de los precios y pasen a hacerlo con la tasa de inflación anunciada por el Banco de España. La Sra. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tiene razón al afirmar que altos salarios son compatibles con fuerte crecimiento. Olvida que, en las condiciones actuales, el primer paso es el control de la inflación. A continuación se buscará una senda de crecimiento estable relacionando los incrementos salariales con los incrementos de productividad.
El sacrificio de las empresas podría consistir en aceptar mayores tipos impositivos sobre los beneficios extraordinarios. Sería deseable que el Gobierno dirija los nuevos impuestos a reducir la deuda pública, auténtica bomba de relojería en la sala de máquinas. Lo mejor contribución del Gobierno, consiste en predicar con el ejemplo, eliminando gastos innecesarios. En el caso de España, el número de ministerios podría reducirse a la mitad, y la media de consejeros por ministerio bajar de 40 a 4. A la RFA le bastan 15 ministerios para conseguir un crecimiento fuerte y estable, suficiente para suministrar todo tipo de servicios a una población que dobla la española.