La semana pasada conocimos que Pedro Sánchez va a rebajar el tipo penal de sedición como elemento de negociación con sus socios separatistas. Después, hemos visto que también la malversación puede entrar en el lote de las cesiones. Es extraordinariamente preocupante la deriva autoritaria de este Gobierno. Porque, más allá de la gravedad de los delitos en cuestión, el hecho fundamental es que el Ejecutivo nacional está haciendo leyes a la carta en función de sus intereses políticos coyunturales. Esto sería inconcebible en cualquier democracia moderna y además sienta un precedente muy peligroso. No se trata sólo de la sedición o de la malversación en concreto, que a mí me parecen delitos gravísimos; se trata de que el Gobierno está cambiando las leyes no por un criterio jurídico sino por una mera conveniencia partidista que, además, beneficia a delincuentes condenados por la Justicia, algo inaceptable para cualquier demócrata sea de izquierdas, de derechas o de centro.
Nadie puede justificar lo que está haciendo Sánchez solo porque sea «de los suyos». Porque esto no es una cuestión ideológica, sino ética. Es un ataque al principio de igualdad de los españoles ante la ley, pues el mensaje que está trasladando Sánchez a la opinión pública es que la Justicia es distinta para los políticos si el PSOE necesita sus apoyos. Y además es un absurdo, como si se negociara el delito de robo con violencia con los atracadores de bancos o el delito de agresión sexual con los violadores, tal y como bien advirtió hace dos años Albert Rivera. Asimismo, no tiene sentido alegar que se está equiparando el tipo penal con otros países de Europa porque no es cierto, como tampoco es verdad que se esté buscando la resolución del 'conflicto' con los independentistas. Lo único que quiere el Gobierno del PSOE y Podemos es garantizarse los apoyos que necesita, nada más que eso.
Ahora la cuestión es: ¿Se puede evitar este atropello? Y afortunadamente la respuesta es sí. Tenemos el deber de usar todos los mecanismos democráticos a nuestro alcance. Por eso los liberales, a través de nuestra presidenta Inés Arrimadas, hemos tomado la iniciativa pidiendo al Partido Popular que presente una moción de censura. Cabe aquí recordar que Ciudadanos no tiene capacidad de hacerlo al tener una representación menor del 10% de los diputados. Pero el PP puede. Y debe. La moción de censura no sólo es un imperativo moral sino la herramienta más útil porque, aún fracasando -es evidente que los números no dan- su puesta en marcha retrasaría unos meses la tramitación de la infamia de Sánchez, lo suficiente para comprometerle a abordar este asunto ya con las autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, lo que sería un suicidio político para los socialistas. Lamentablemente Feijóo está resultando ser la reencarnación de Rajoy: prefiere hacer la estatua pensando que por simple inercia gobernará dentro de unos meses. El problema es que el destrozo que va a hacer Sánchez puede degradar nuestra democracia de una manera terrible. Y si en el PP fueran más valientes podríamos impedirlo. Me gustaría saber si Paco Núñez está a favor de una moción de censura o si, como Feijóo, prefiere limitarse a la indignación pasiva.
Hay otra manera de impedirlo. Todos llevamos años escuchando que en el PSOE hay tres barones moderados y antisanchistas: Lambán en Aragón, Vara en Extremadura y Page en Castilla-La Mancha. Pues bien, si los diputados nacionales del PSOE de estas tres regiones votan en contra de la infamia de Sánchez cuando pase el filtro del Congreso, la reforma del Código Penal no sale adelante. Suman veinte escaños. Dicho de otro modo: si sale, será porque así lo quieren Lambán, Vara y Page. Y que cada palo aguante su vela. Por la parte que nos toca, yo le quiero pedir a Page responsabilidad y valentía. Él siempre dice que España es más importante que su partido. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, ordenando que su PSOE, ese PSOE supuestamente tan diferente a Sánchez, vote contra esta cacicada sin precedentes. Por eso le pido a Page que pase de las palabras a los hechos. Si no lo hace, habrá quedado claro que eso de los barones centristas del PSOE es un cuento chino y que aquí hay un solo PSOE, echado ya en los brazos de la extrema izquierda y los separatistas, que ya ha dejado de representar a miles y miles de votantes en Castilla-La Mancha que de buena fe confiaron en esas siglas.
No tiene sentido que Núñez pida a Page aquello que él mismo no está dispuesto a hacer: plantarse ante su jefe y pensar más en España que en su partido. Como tampoco tiene sentido que Page siga fingiendo ser el estadista que no es: habla con la boca pequeña pero no ejerce influencia alguna e su partido: los nueve diputados nacionales del PSOE en el Congreso han venido respaldando con su voto afirmativo todas y cada una de las cesiones de Sánchez a los separatistas, incluidos los vergonzosos pactos con Otegi. Por tanto, les pido a Núñez y a Page que apoyen cualquiera de estas dos iniciativas para frenar este golpe de Sánchez a la democracia. Porque la indignación está muy bien pero no sirve de nada si no se hace nada por evitar aquello que nos indigna, sobre todo cuando tenemos herramientas democráticas para ello. Es el momento.