El Tribunal Supremo revocó ayer el tercer grado penitenciario a Oriol Junqueras y al resto de políticos independentistas condenados por el 1-O. De esta forma, todos los secesionistas con sentencia firme por el caso volverán al régimen ordinario penitenciario, es decir, al segundo grado y se acabará la semilibertad de la que disfrutaban desde hace un tiempo.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal considera «prematura» la concesión del tercer grado, ya que ninguno de los condenados ha cumplido en estos momentos la mitad de la pena impuesta -algunos ni siquiera una cuarta parte-. Por esta razón, considera que debe pasar más tiempo para poder evaluar la conducta de los presos. En su argumentación jurídica, la sala deja claro que nadie en España está en la cárcel por su ideología política y sí por la comisión de algún delito. En el caso de Oriol Junqueras, estos delitos son sedición y malversación de caudales públicos agravada.

En cuanto se conoció la decisión del Tribunal Supremo, ERCexigió al Gobierno de Pedro Sánchez la «amnistía urgente» para los secesionistas condenados, aunque declaran que se sentirían satisfechos con los indultos para todos ellos. La libertad de los secesionistas pone en jaque el apoyo de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado.

En contra al argumentario de los independentistas catalanes, los condenados por el 1-O cumplen condena por sus hechos, no por su forma de pensar, tal y como la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo expresó en sus revocaciones. El sistema democrático no puede permitir que unos delitos tan graves como el de sedición tengan una condena laxa, sino que deben tener una respuesta de la Justicia contundente y firme. No está en juego el futuro de unas personas determinadas, los hechos del 1-O ponen en peligro el sistema democrático vigente basado en la Constitución de 1978, que mañana celebraremos. Y el cambio de modelo debe ser consensuado por todas las partes, no impuesto por una de ellas y encima la minoritaria.

La reacción de ERC pone sobre la mesa su verdadera intención, que no es otra que la independencia de España. Parece que algo tan obvio no lo es para el presidente Pedro Sánchez que coquetea hoy sí y mañana también con los secesionistas y los sucesores de ETA para mantenerse en el cargo. Hay líneas rojas que no se deben traspasar y el presidente del Gobierno parece no querer ver, aunque se desdiga de su discurso de campaña.

Hay que temer las concesiones que ahora pueda hacer el Ejecutivo a los partidos catalanistas, porque ya se ven las que concede a los presos de ETApara contentar a sus socios de Bildu.