Debe ser la presión social junto con el informe estadístico correspondiente lo que ha determinado que por fin el Gobierno y la Fiscalía General del Estado -tanto monta, monta tanto- hayan  movido ficha en torno al problema de la ocupación de viviendas. La cuestión es que en breve las fuerzas y ceuerpos de Seguridad del Estado dispondrán de una instrucción policial con «medidas de calado», según el ministro Marlaska, contra la okupación, que se sumará a la circular dada a conocer el martes por la Fiscalía para mejorar la respuesta de los tribunales ante la entrada en inmuebles. 
Ymiren, así visto, parece que la cosa presenta buena cara. Pero la letra pequeña de lo que de momento solamente son unas cuantas ideas expuestas en público dejan fuera de este azote gubernamental contra la okupación a los bancos, cuyas viviendas, que se cuentan por miles, seguirán bajo el amparo de la actual normativa, lo que sin duda retrasa sine die su desalojo. Y no lo digo como abogado defensor de las entidades bancarias, que tienen tremendos gabinetes legales capaces de poner contra las cuerdas al más pintado, sino porque si esa casa que forma parte del patrimonio bancario -e incluso, de un fondo buitre- es usurpada y pasan a residir en la misma nuevos vecinos de convivencia, digamos, compleja, el resto de moradores del edificio o en una urbanización quedan despojados de su derecho a una vida tranquila, ordenada, segura, y pónganle ustedes todos los adjetivos que quieran. Yluego está la pérdida de valor de un piso ubicado en un bloque con okupas, otro ataque a los derechos de los ciudadanos. En fin.