Más allá de la existencia escueta del coronavirus 2020 todo es opinable. La verdad a la que se llega en los tribunales de justicia no es de fiar del todo, por eso hay posibilidad de recurrirla varias veces. Como la verdad científica, en ocasiones, también resulta provisional andando el tiempo. Y ésta será una de las herencias que va a dejarnos la pandemia que nos acorrala. Pues, en prueba de cuanto se escribe, el Gobierno de nuestra Nación llega a una verdad primera: la de que no es cierto que los ministros deban ser interpelados por el Congreso de los Diputados (y lo manda el art. 111 de la Constitución del 78). Igual que  sería incierto que las Cámaras puedan controlar (art. 66) a los componentes del equipo que dirige el porvenir de España. Ése es el credo santo de nuestros políticos de altura, verdades engañosas donde se refugian para no informar a la oposición  de los avisos del coronavirus y sus estragos, pudiera ser que desde el mes de noviembre pasado. 
 Así tenemos que la víctima peor tratada durante estos meses, en nuestro Estado de las Autonomías, ha sido la propia verdad, junto a la venerable ancianidad de algunos enfermos, los que solo tuvieron sus pocas fuerzas para defenderse de tanto engaño antes de morir, cuando se acumuló tanta mentira por sistema en multitud de las llamadas residencias de mayores.
  Moncloa guarda silencio. Su única verdad para defenderse, su coraza más siniestra, con todas las ventajas del poder en propia mano. Mientras los niños que dan tanto consuelo inundan el verano haciendo de la patria su patio de recreo. Y los perros de la calle apenas se dan ya por aludidos.