Optimismo, que no falte. Celebran los socialistas que la llamada ley Celaá consagra una educación plural y de calidad para todos. Y uno comparte esa esperanza. Siempre partidario de la enseñanza pública desde el respeto a la concertada y la privada pura, pero en ese mismo orden de prioridades respecto a su financiación. Amén.
Que así sea. Pero eso no me impide reconocer en esta nueva norma básica el mismo pecado original que arrastraron las siete anteriores desde la recuperación de las libertades en diciembre de 1978. Me refiero a la falta de consenso entre las dos fuerzas de la centralidad, el PSOE y el PP. Las ocho leyes de educación de la democracia fueron el resultado de la imposición de las tesis de un hemisferio político sobre el otro.
El texto salió del Congreso este jueves camino del Senado con solo dos votos de diferencia favorables respecto a la suma de noes y abstenciones. La falta de apoyo de los partidos de la derecha es una mala noticia, porque antes o después volveremos a las andadas. El PP ya ha anunciado que, llegado el caso, derogará de inmediato la reforma educativa del Gobierno de la izquierda. Como pasó con las siete regulaciones anteriores, en función del cambio de papeles derivado de la lucha por el poder. Ya podemos ir haciendo apuestas sobre el tiempo que pasará entre el bautizo y el funeral de la nueva ley.
Las víctimas, los alumnos. Y el propio sistema educativo, cuya calidad se resiente con estos bandazos. Ese es el problema mayor. No la polémica artificial sobre el supuesto veto al castellano como lengua vehicular en comunidades con lengua propia, porque no es problema legal sino de voluntad política de los gobernantes autonómicos. No niego la carga simbólica de la decisión, pero lo que la ley suprime es la mención, no la garantizada posibilidad de usar el castellano como lengua vehicular.
No menos artificial es el debate sobre la educación concertada en la nueva ley. Que los centros concertados no puedan percibir de las familias cantidades suplementarias -ajenas al "concierto" con el Estado-, por motivos más diversos, no justifica el rasgado de vestiduras ante un supuesto ataque a esta modalidad de la educación en España. Y la intención de integrar en el futuro (diez años) la educación especial en los planes generales es una mera aplicación de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
Pero eso, y todo lo demás, como pasar de curso con suspensos, la no segregación por sexos en colegios concertados, el cultivo de la memoria democrática, la educación afectivo-sexual, etc., debió ser objeto de un esforzado propósito de alcanzar el consenso que garantizase la durabilidad de una ley. No ha sido el caso. Y ese es el pecado original de la octava ley de educación de la democracia.