Óscar Dejuán


Banca e industria

12/10/2020

La banca juega un papel clave en la reconstrucción industrial. Mucho más en un país como España donde más del 98% del tejido empresarial está formado por PYMES, pequeñas y medianas empresas sin acceso al mercado de capitales. En crisis anteriores el Instituto de Crédito Oficial jugó un papel estelar. Los créditos impagados (la mayoría) se cubrieron con emisiones de deuda pública. En la crisis actual se ha ideado otra fórmula que, a primera vista, vista parece más sensata. El Estado delega en la banca comercial la concesión de créditos a las PYMES, sabedor de que los bancos tienen más experiencia e interés en seleccionar bien a los clientes y proyectos empresariales. A cambio, se responsabiliza del 80% de los posibles impagos.
La experiencia está resultando positiva, queda por ver el resultado final. Como era de esperar, muchas PYMES se han endeudado para salvar los muebles y la reputación personal. Cubierto este objetivo, algunas empresas se declararán en quiebra. Estamos ante un caso típico de “información asimétrica” y “riesgo moral” que ni los propios bancos son capaces de detectar cuando se enfrentan a un aluvión de candidatos. Ayudaría exigir a las empresas prestatarias el mantenimiento de la actividad y el empleo por cierto tiempo.
A río revuelto ganancia de “oportunistas”. Lo peor que podría pasar es que con la excusa de la crisis que se nacionalizara la banca o proliferaran entidades semipúblicas, donde nadie responde de los créditos fallidos. El problema de riesgo moral acabaría socavando el sector financiero y la economía nacional. Los políticos-banqueros darían primacía a la financiación de proyectos populistas, los que más votos prometen. Como estos proyectos no suelen crear ni riqueza ni empleos sostenibles, acaban siendo sufragados por los contribuyentes.

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