La semana pasada más de 8.000 marroquíes, muchos de ellos niños, invadieron las ciudades de Ceuta y Melilla. No es la primera vez ni será la última. Todo da a entender que se trató de una invasión planeada por el gobierno marroquí para aligerar su problema demográfico, al tiempo que recuerdan a España su interés por Ceuta y Melilla. Sabemos que este tipo de provocaciones suelen producirse cuando el estado español manifiesta su debilidad. No hace falta tener información privilegiada para detectar en España una crispación creciente entre el gobierno y la monarquía, entre los partidos que integran el gobierno y entre el gobierno y la oposición. Tampoco se les ha pasado por alto el rearme de los movimientos independentistas.
En estos momentos es cuando más se necesita una actuación conjunta de las instituciones del Estado. La intervención de Felipe VI hubiera servido para que Mohamed VI desistiera del intento. Juan Carlos I lo consiguió varias veces con Hassan II. Lamentablemente esta vez el Gobierno español no dejó hablar al rey. Sí llamó al ejército y su presencia cortó la avalancha de emigrantes. 
La Comisión Europea solo ha tenido tiempo para recordar que las fronteras de España son las fronteras de la UE. ¡Suficiente! Lo que más teme Marruecos es perder un mercado cercano de 450 millones de habitantes que da trabajo a 30 millones de emigrantes, los marroquíes a la cabeza. 
La reciente invasión marroquí no ha sido la primera ni será la última. No vivimos en un mundo inocente. Para defender nuestros derechos necesitamos unas instituciones fuertes y bien coordinadas. Los partidos que detestan el ejército, la monarquía y la Unión Europea tienen otra oportunidad para reconsiderar sus dogmas. Estas instituciones constituyen los mejores diques de contención a las invasiones externas y a las tropelías más sangrantes contra el estado democrático de derecho.