Son frecuentes las ocasiones de desencuentros, y a veces muy airados, entre España como nación y la comunidad autónoma de Cataluña. El último ha sido el caso tan sonoro del niño de nombre oculto (al proteger su intimidad, dada su edad de 5 años) y a quien la Justicia ampara, concediéndole que la escuela donde asiste se vea obligada a usar el castellano en un 25 % del horario de sus clases. Y, otra vez más, la Comunidad catalana (allí se llama Generalitat) se niega a cumplir las leyes del Estado español. Leyes que no respetan quienes juraron o prometieron hacerlo, del Rey abajo hasta el último de la fila. Porque a nadie le interesa bajar el telón de la farsa, ese engaño de que el artículo 2 de nuestra Constitución reconoce «la realidad nacional de Cataluña», cuando lo único cierto es que la Carta Magna «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». ¿Dónde dice lo que afirman tantos catalanes? Suspenso quien no quiera verlo. 
 Escrito lo anterior, se entiende que en el preámbulo del estatuto catalán están todos los males que después aquejan al país entero. De manera que es inútil buscar fuera del Gobierno de la nación las causas de tanto enfrentamiento, ya costumbre, entre los españoles de regiones distintas. Y desde que Cataluña pregona la incongruencia de ser nación y los poderes estatales se lo permiten. Porque de una mentira radical, ya desde el principio, se sucede un articulado que nace contaminado de falsedad.
  Así estamos en una situación terriblemente igual. Queriendo apagar la sed en el desierto. En los cristales de un espejismo.