Camino de cumplir un lustro va una de las reformas legales más cuestionadas del Gobierno de Mariano Rajoy, la ley de Seguridad Ciudadana, la conocida ley mordaza que desde 2015 permite sancionar administrativamente determinados actos antes considerados infracción penal, también con nuevas conductas sancionables. Hay nuevas cifras, las del último año cerrado, para saber cómo afecta esta ley a la provincia albacetense en las materias que tienen que ver con el orden público, es decir, dejando aparte las multas por consumo o tenencia de drogas, y las multas por cuestiones de armas que también se contemplan en esta norma. Hubo en 2019 un total de 847 sanciones y sancionados por infracciones de esta ley de Seguridad Ciudadana, y esas multas permitieron al Estado recaudar 332.338 euros. Son números muy similares a los del año anterior (en 2018 hubo 859 denuncias y 324.400 euros recaudados). Desde que la nueva norma aprobada en marzo de 2015 entrara en vigor y hasta el año en curso, en la provincia se cuentan 3.460 multas, y la recaudación de más de 1,34 millones de euros. Respecto a los preceptos más recurrentes y motivos de las multas, lo que más suele darse en el caso de Albacete es la falta de respeto a los agentes policiales. Es lo que sanciona el artículo 37.4 de la ley, «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal». 287 denuncias en un año tuvo la provincia de este tipo, y 279 fueron por lo que contempla el artículo 36.3, «causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana». Otras 201 sanciones se debieron a «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos».
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