Sobre la fiscalía general del Estado, cuya máxima responsabilidad ostenta una exministra del Gobierno, Dolores Delgado, recae la espinosa tarea de explicar que lo del rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, es agua pasada y lo mejor para todos es librarlo del banquillo. Dicho en lenguaje jurídico, por supuesto, en un venidero archivo de diligencias que, según todos los indicios, es lo previsto para dentro de seis meses.
Exactamente, seis meses. Es el tiempo de prórroga otorgado sobre las tres investigaciones abiertas por el Tribunal Supremo en junio de 2020 (dinero opaco, comisiones ilegales y pagos cargados a la cuenta de un empresario amigo). Cuando se cumpla el plazo, en junio de 2022, la firma del teniente fiscal del alto tribunal que dirige la investigación, Juan Ignacio Campos, aparecerá en el muy probable archivo de diligencias. Y en ese punto digo que el Ministerio Público tiene pendiente la difícil tarea de explicar a los ciudadanos que todos somos iguales ante la ley.
La argumentación técnica del previsible archivo de actuaciones descansa sobre el tiempo de inviolabilidad (etapa anterior a la abdicación de 2014), las dos regularizaciones fiscales presentadas de forma "voluntaria" y "espontánea" y la prescripción por mero paso del tiempo.
Aunque cunda la impresión de que vamos hacia el archivo (olvido) de las irregularidades cometidas por el rey emérito, hay dos portillos abiertos a la remota posibilidad de que don Juan Carlos acabe en el banquillo. Una, que en los próximos seis meses la Agencia Tributaria declare incompletas o no veraces las dos regulaciones fiscales antedichas (diciembre 2020 y febrero 2021). Y otra es que, en ese mismo tiempo, la información solicitada por comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Suiza (fiscal del cantón de Ginebra, concretamente) desvele indicios delictivos no detectados hasta el momento.
Una derivada: la prórroga libera al rey de España, Felipe VI, de tener que condicionar su mensaje de Navidad al contenido de un escrito de archivo de diligencias, o de acusación en su caso, sobre la figura de su padre. Lo uno o lo otro va a polarizar inevitablemente a la opinión pública. Con la prórroga, lo uno y lo otro nos traslada a las vísperas del verano, que es tiempo de dispersión, gozo e indulgencia.
Lo que no se puede permitir la fiscalía general del Estado es cerrar en falso el problema. De ahí que, sobre esta institución, muy próxima de hecho y de derecho al Poder Ejecutivo, recaiga la grave responsabilidad de convencer a la opinión pública de que no procede presentar una querella contra don Juan Carlos de Borbón por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, que son los perturbadores supuestos delictivos manejados en el vigente proceso indagatorio sobre la poco ejemplar conducta del exrey.