La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebró ayer la primera sesión del juicio contra el policía local acusado de matar a Jairo Roland Arcos y tirar su cadáver al río en septiembre de 2017, en la que el fiscal no descartó pedir una pena superior a los 15 años que pedía inicialmente. 

Dicho cambio implicaría que calificaría los hechos como asesinato, puesto que 15 años es la pena máxima por homicidio, lo que le acercaría a las tesis de las acusaciones particulares, que piden 25 años de prisión.

El fiscal, Juan Fernando Martínez Gutiérrez, dejó abierta esa puerta tras recordar que la víctima tenía 36 años y dos hijos menores y tras afirmar que el acusado buscó matar a Jairo Roland Arcos, cuando le golpeó con un atizador con tal fuerza que le causó dos fracturas de cráneo. «Veo una clara intención de matar, no veo la imprudencia». Y es que manifestó que si el homicidio era imprudente debía haber llamado a la Policía  y no ocultar el cadáver. También añadió que «era perfecto conocedor de lo que hacía y cuando decidió matar lo hizo voluntariamente y porque quiso».

Nuevos testigos. Además también solicitó la declaración de un nuevo testigo, el policía nacional que estaba encargado de los calabozos cuando se detuvo al otro acusado, primo del principal imputado, que se enfrenta a tres años de prisión por encubrimiento, puesto que presuntamente le ayudó a deshacerse del cadáver, una prueba que finalmente fue aceptada.

El abogado de los padres de la víctima, Emilio López, manifestó que en el caso del policía local no se daban las atenuantes que pide la defensa, como el miedo insuperable o el arrebato, pero dejó claro que estaba convencido de que era asesinato. «El atizador de barbacoa desapareció, fue casi el crimen perfecto, sin arma y sin cuerpo, pero el cuerpo apareció en el río». «Fue un asesinato frío y calculado y casi le sale bien».

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