La Justicia avala las sanciones de la UE a Venezuela

Europa Press
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El Tribunal de primera instancia europeo rechaza el recurso de Maduro contra Bruselas por la violación de derechos humanos y condena al Gobierno a "cargar con sus propias costas y con las del Consejo" tras desestimar sus "pretensiones"

La Justicia avala las sanciones de la UE a Venezuela

El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado hoy el recurso presentado por el Gobierno de Nicolás Maduro y ha avalado la validez de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela por la represión interna y violaciones de los Derechos Humanos. 
"Procede declarar la inadmisibilidad del recurso en su totalidad", reza la sentencia del Tribunal General de la UE contra el recurso del régimen de Maduro para anular las sanciones del bloque, en un fallo que no es firme y contra la que cabe presentar un recurso de casación. 
Además, el Tribunal de primera instancia europeo, con sede en Luxemburgo, condena al Gobierno de Maduro a "cargar con sus propias costas y con las del Consejo" tras desestimar sus "pretensiones". 
El Gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 las sanciones de la Unión Europea, alegando que no estaban fundadas, entre otras razones porque los países europeos no aportaron pruebas "suficientes" para justificarlas y porque erraron, en su opinión, en su apreciación de los hechos para justificar las sanciones, al tiempo que vulneraron su derecho a ser escuchado antes de adoptarlas. 
Los Veintiocho impusieron en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela o personas, empresas y organismos asociados a éstos. Las sanciones han sido prorrogadas, un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019. 
Hasta la fecha, un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen prohibida la entrada a la UE. 
Estados Unidos viene presionando desde hace meses al bloque para que endurezca las sanciones al Gobierno de Maduro, aunque los Veintiocho han apostado por privilegiar la vía diplomática para tratar de llegar a una solución pacífica y democrática, que implica la celebración de nuevas elecciones presidenciales libres, algo que Maduro rechaza de plano. 
En su sentencia de este viernes, el Tribunal General de la Unión recuerda que la prohibición de vender o dar armas, equipos militares u cualquier otro equipo que puedan ser utilizados para la represión interna, así como equipos, tecnología o programas informáticos de control y de dar servicios financieros, técnicos o de otro tipo para estos equipos y tecnologías se"circunscribe" a los nacionales de los Veintiocho y empresas constituidas con arreglo al derecho europeo y "no imponen prohibiciones a la República Bolivariana de Venezuela", que "a lo sumo" puede sufrir "efectos indirectos"como "la limitación de las fuentes" para procurárselos. 
El Gobierno de Maduro alegó que las sanciones "reducen las relaciones económicas y financieras que mantiene con las empresas de la Unión" y pidió que su perjuicio "económico" se tuviera en cuenta para "apreciar su legitimación" tras cifrar en 76 millones y 59 millones de euros el valor de las transacciones comerciales sobre los equipos cubiertos por las sanciones, respectivamente, en 2016 y 2017, mientras que cayó a cero en 2018. 
El Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, deja claro que el reglamento de las sanciones impugnado por Caracas no se refieren a la República Bolivariana de Venezuela "como Estado" y "no afectan a la situación jurídica de la República Bolivariana de Venezuela" y "no puede asimilarse a un operador económico", toda vez además que no ha aportado "un contrato" como prueba, algo que hubiera demostrado ante el Tribunal "la posibilidad" de que tuviera "una relación de alcance jurídico con operadores de la Unión", algo que hoy por hoy, ve meramente especulativo "y fruto únicamente de negociaciones futuras e hipotéticas".