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Una Justicia a medio gas

Agencias-SPC
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El Gobiernoy el PP encallan en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, una institución que lleva 1.000 días en funciones y pone en jaque al resto de magistrados

Una Justicia a medio gas

Por mucho que la ministra de Justicia, Pilar Llop, iniciara el pasado miércoles una ronda de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para encontrar una solución al sudoku del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace más de 1.000 días, la solución no parece nada cercana para que se renueve de una vez. De hecho, fue muy gráfico esta semana el presidente del PP, Pablo Casado, al dirigirse al Gobierno: «Abandonen toda esperanza».  

Seguro que en el discurso de apertura del Año Judicial del próximo lunes, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, volverá a descargar con furia contra la clase política (aunque realmente se referirá sin nombrarlos a los dos principales partidos), ya que se ha convertido en todo un lastre para que la Justicia en España se regenere.  

El madrileño bien podría recuperar sus palabras del pasado año, en las que exhortó a los «poderes públicos concernidos» a renovar la institución «sin mayores dilaciones», ante la «seria anomalía» que suponía llevar casi dos años en funciones. Ahora son tres, por lo que, lógicamente, se empleará con mucha mayor dureza. 

Lo peor de todo es que la institución, que no goza del favor de la opinión pública como así lo acreditan diversos sondeos publicados desde hace tiempo, siempre ha estado bajo sospecha de seguir el mandato de las formaciones políticas, que, tradicionalmente, y según su rol en el Parlamento, han propuesto a los magistrados. 

De hecho, Lesmes, sin ir más lejos, ocupó diversos puestos de confianza en el Gobierno de José María Aznar: director general de Objeción de Conciencia en el Ministerio de Justicia desde 1996, en la primera legislatura del antiguo líder del PP, y posteriormente director general de Relaciones con la Administración de Justicia desde 2000 hasta 2005.

Desde el Consejo ven el discurso como «un test significativo» para «medir la situación en función del nivel de crítica de Lesmes». «Si se modera es porque debe de saber que hay contactos, pero si sube el tono es porque no hay ningún acuerdo».

Asociaciones, magistrados y juristas consultados coinciden en el diagnóstico y en «la falta de voluntad» de PSOE y PP por dejar de lados sus diferencias para alcanzar un acuerdo y renovar el órgano tal y como establece la Constitución, de la misma forma que se ha hecho tantas veces en el pasado.

Menos aun en Europa. La Comisión Europea ha destacado en repetidas ocasiones la urgencia de renovar el Consejo para evitar que pueda ser percibido como vulnerable a la politización, tal y como consta en el Informe de Estado de Derecho de 2021.

Los calificativos se agotan: «Es una barbaridad, un sinsentido, una vergüenza, un desprestigio, un descrédito» que hace un «terrible daño a la Justicia y a la ciudadanía» y exige una solución urgente. Precisamente es la falta de premura la que se le achaca al Gobierno, ya que según algunos expertos, la ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, «da la sensación de que ya no hay urgencia por la renovación».

Ahora solo falta por ver si visto que la política solo conduce a un callejón sin salida, hay otras vías para resolver un problema que no parece tener solución. 

 

Solo Europa podría desatascar el Poder Judicial 

Parece increíble, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva más de 1.000 días sin renovarse, y sin solución a la vista. Si se utiliza el camino de la política, no hay nada que hacer, pues PSOE y PP están cada vez más lejos, atacándose con más virulencia. Hace tiempo que sus 20 vocales debían haber sido sustituidos, con su presidente, Carlos Lesmes, a la cabeza, pero las cuentas no salen. Hace falta una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales, y no se consigue. 

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la clave estuvo -y está- en los nombramientos. Despojado el actual Consejo de esta función por una ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, «da la sensación de que ya no hay urgencia por la renovación», aunque confían en que la crisis de Gobierno y el nuevo curso, que arrancó el pasado miércoles, insuflen aire fresco para afrontar el «cuarto intento». De momento no hay nada nuevo bajo el sol, solo reproches y más reproches entre socialistas y populares. 

También indican que si a finales de septiembre no hay esperanza alguna de acuerdo (el líder consevador, Pablo Casado, invitó al Ejecutivo central hace unos días a perderla dado que, a su juicio, quieren politizar a los jueces), varios vocales barajan tomar una posición de fuerza y solicitar que se realicen nombramientos de magistrados para el Tribunal Supremo en comisión de servicios recordando que «es algo normal», que «antiguamente sí se hacía» y que serviría para afrontar la cascada de jubilaciones en el Alto Tribunal.

«Hay vacantes en las salas cuarta y tercera del Supremo y en las presidencias de los TSJ. Con tantos mandatos extinguidos y plazas vacías por jubilaciones, tenemos un problema serio», advierten. Ese sería el plan B. 

Pero también hay un plan C. Una opción más agresiva sería las dimisiones de vocales, pero eso «crearía un clima de confrontación mayor y Lesmes no aceptaría ninguna». Así pues, esta vía se descarta. Pero hay más propuestas sobre la mesa. 

Otra de las soluciones que baraja el CGPJ para cubrir las vacantes en el Supremo respetando la reforma vigente es convocar una comisión de servicios, que permitiría fichar a un juez que estuviera ejerciendo en otro tribunal para que de forma interina se incorporara a la plaza vacía. Además, han destacado algunas fuentes, esta opción presenta la ventaja de que contaría con la complicidad del Gobierno, dado que es el Ministerio de Justicia quien autoriza y paga las comisiones de servicio.

Tampoco sería descartable reincorporar como magistrados suplentes a magistrados del Supremo jubilados o pedir a los que estén a punto de pasar al retiro que lo aplacen. Sin embargo, otras fuentes del Consejo han expresado sus dudas sobre esta alternativa.

Ni qué decir tiene que contra estas dos últimas vías se podría alegar fraude de ley por cuanto el espíritu de la reforma del pasado marzo, auspiciada por el PSOE y Unidas Podemos, es impedir que un CGPJ caducado siga designando jueces en los altos tribunales.

Así pues, todo indica que quizás la llave esté fuera de España, concretamente en Bruselas. La UElleva tiempo presionando al Gobierno para que solucione el problema, y parece que podría tomar cartas en el asunto. Solo así se explica que las tres principales asociaciones de jueces solicitaran el pasado miércoles una reunión con el comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, para reclamar nuevamente una reforma del sistema de elección de los vocales (concretamente de 12 de los 20 que hay) del Consejo, de modo que sean designados por los togados. Yañaden que la reforma debe seguir las directrices de la Comisión Europea, del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de «los españoles según el Eurobarómetro de 2018».

 

El Tribunal Supremo, con cinco frentes abiertos

Dentro de poco más de dos semanas, el 21 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo (TS) juzgará al exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y un delito leve de lesiones. Presuntamente, el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife) pateó a un policía en una manifestación contra la Ley Wert. Se piden para él seis meses de cárcel. Será el primer juicio de los tres que el TS investigará de aquí a final de año. 

El 13 de octubre será el turno del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien será juzgado por tres de las piezas del denominado caso Tándem. Está previsto que la causa se extienda hasta el 28 de enero. En estas vistas se juzgará al expolicía y a otros procesados por las piezas 2, 3 y 6 -Iron, Land y Pintor-, las primeras que llegan a juicio de la treintena que conforman la causa. La Fiscalía solicita para él 109 años de prisión por espiar a un bufete de abogados y a herederos del fundador de la urbanización de lujo La Finca, así como por extorsionar a un empresario y a su abogado.   

A esta lista se suma el juicio de la Gürtel relativo a la trama de Boadilla del Monte (Madrid). Está previsto que las sesiones comiencen el 10 de noviembre. El PP volverá a sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero -exalcalde de la formación en la localidad conocido como El Albondiguilla- con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

En concreto, el juicio se dirigirá contra 27 procesados y 13 personas jurídicas. Anticorrupción pide penas de 40 años y siete meses de cárcel para González Panero. También reclama 76 años y siete meses para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la red en Boadilla.

La causa versa sobre la actuación del entramado personal creado por el empresario, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta trama habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes. El Ministerio Público considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de cuatro millones de euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela.

Además de los juicios, destaca en el calendario la votación y fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (donde solo hay cinco representantes, el mínimo exigido, por jubilaciones y fallecimientos)a los recursos interpuestos tanto por el PP como por Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Tendrá lugar el 19 de octubre.

Ambos partidos presentaron sus escritos ante el Alto Tribunal en julio de 2020 al dudar de la idoneidad e imparcialidad de la madrileña para dirigir el ministerio público. La Abogacía del Estado intentó frenar los recursos y pidió al Supremo que los declarara inadmisibles al considerar que había una falta de legitimación activa de las dos formaciones para recurrir. La Sección Cuarta de lo Contencioso, sin embargo, rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto «al momento de dictar sentencia».

También se espera que en el último cuatrimestre del año, el Supremo resuelva el fondo de los recursos interpuestos tanto por Ciudadanos, como por Vox y por el PP sobre los indultos concedidos a los nueve condenados del procés que se encontraban en prisión.

El pasado 13 de julio, la Sala rechazó las peticiones formuladas por las formaciones lideradas por Arrimadas y Abascal, que requerían la suspensión cautelar de la medida de gracia.

 

Cuatro miembros en funciones en un ‘saturado’ Constitucional

El Constitucional no es ajeno a la parálisis judicial. Cuatro de sus miembros continúan desde hace un año y nueve meses con su labor, pero en funciones. En este tiempo de interinidad se han adoptado decisiones relevantes como la que se produjo en julio sobre al primer estado de alarma. El Pleno estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró la situación de excepción, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020. Pero la institución empieza el curso con más deberes por hacer.

Segundo estado de alarma

Vigente desde el pasado 25 de octubre y que se prorrogó durante seis meses, el segundo estado de alarma fue recurrido por Vox, que entendió que se conculcaban los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad; a la libre circulación; a la reunión y la manifestación pacíficas; y contra las sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. También se analizarán los acuerdos de la Mesa del Congreso que suspendieron el cómputo de los plazos reglamentarios en la Cámara Baja al inicio del estado de alarma tras haber admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el grupo parlamentario de Vox.

En realidad, únicamente se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril, y en ese período se centrará la deliberación en el órgano de garantías. En la resolución de admisión a trámite, el TC ya explicó que en este recurso concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este órgano, y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante, genera repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

Procés catalán

Quedan pendientes de revisión condenas del procés, como la de la exconsejera de Trabajo de la Generalitat catalana Dolors Bassa, penada con 12 años de prisión por sedición y malversación por el Tribunal Supremo. Hasta el momento todas las condenas revisadas han sido confirmadas por el TC.

Ley del aborto

El Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la ley del aborto aprobada en junio de 2010, después de que fuera recurrida por el Partido Popular.

eutanasia

Recientemente, tanto los de Abascal como los de Casado han presentado ante el Constitucional sendos recursos contra la ley de eutanasia aprobada por el Congreso en marzo de este año.

Cláusulas suelo

Está pendiente la iniciativa de Unidas Podemos, En Comú y En Marea contra el decreto ley para la devolución de las cláusulas suelo indebidas. La coalición considera que se vulnera el principio de igualdad ante la ley (artículo 14), la tutela judicial efectiva (24), y la protección debida a los consumidores (51). 

Ley foral navarra

El Pleno del Tribunal debe dirimir también el recurso del Gobierno contra varios preceptos del artículo 2 de la ley foral de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.