La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha enviado un escrito al juez del caso 'Neurona' en el que acusa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de usar recursos del partido para su "beneficio personal", apuntando en concreto a la utilización de una empleada de la formación 'morada' como niñera y al cobro de costas procesales en causas que había sufragado la organización política.
Se trataría de Teresa Arévalo, nacida en Ciudad Real en 1980, que fue asistente parlamentaria de Podemos-En Comú Podem-En Marea durante la XI Legislatura y diputada de Podemos por la provincia de Albacete entre 2016 y 2019.
Arévalo es secretaria de Políticas de Cuidados de Podemos y, al menos hasta el pasado mes de junio, era asesora del Ministerio de Igualdad, de acuerdo con la información que dio esta misma cartera a Newtral.es en respuesta a una petición realizada a través del Portal de Transparencia.
En su escrito, avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, Carmona responde al requerimiento de información que le hizo el juez Juan José Escalonilla tras su declaración como testigo el pasado mes de octubre, si bien aprovecha esta comunicación para poner en su conocimiento "algunos hechos investigados internamente" que no fueron incluidos en la denuncia presentada en 2019 contra el partido por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.
"Me encontraba de baja laboral y mi situación médica no me permitió dedicar más tiempo a colaborar en la preparación de la denuncia interpuesta, pero considero que ahora debo aportar todos los expedientes en el estado en el que quedaron en la fecha de mi cese, porque guardan relación con los hechos investigados", ha sostenido Carmona.
Entre los nuevos hechos señalados al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, ha mencionado "un presunto uso irregular de los fondos del partido en beneficio de los intereses particulares de la señora Irene Montero". Según ha relatado, recibió "una denuncia interna confidencial" afirmando que la ahora ministra de Igualdad estaba utilizando para el cuidado de sus hijos a una persona a sueldo de Podemos.
Carmona ha identificado a esta persona como Teresa Arévalo, detallando que acompañó a Montero y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto de campaña electoral y que la dirigente 'morada' dejó a la niña al cuidado de Arévalo mientras intervenía en el mismo. La ex abogada ha aportado incluso una factura con fecha de 18 de noviembre de 2019 con los gastos de este desplazamiento.
La ex abogada ha explicado a Escalonilla que inició una investigación por considerar que se trataba de hechos "graves", puesto que tal comportamiento, "además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido". Fuentes de la formación 'morada' han asegurado que es "absolutamente falso" que Montero usara a Arévalo como niñera.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha calificado de "algo muy grave" la noticia sobre el supuesto uso de fondos públicos para pagar a la cuidadora de la hija menor de la pareja Pablo Iglesias e Irene Montero y ha exigido a la Fiscalía que abra una investigación al sospechar que hay un posible delito de "malversación".
Según ha publicado El Confidencial, un informe aportado al juzgado del llamado 'caso Neurona' señala que la vicepresidente y la ministra de Igualdad utilizaban como 'niñera' de su hija menor a una exdiputada que había sido nombrada alto cargo del Ministerio.
"Me parece algo muy grave que necesariamente debería estar investigando la Fiscalía" ha dicho Edmundo Bal en el Congreso.
A su juicio, ese supuesto "se llama malversación impropia en el Código Penal", pues supone "destinar fondos públicos para satisfacción de necesidades y fines particulares".
Pero incluso si no llega a la categoría de delito, el dirigente de Ciudadanos y abogado del Estado en excedencia tiene claro que hay "un supuesto de responsabilidad por alcance" ante el Tribunal de Cuentas, ya que supondría "un mal uso de fondos públicos".