Las instituciones de la Unión Europea (UE) negociaron intensamente la semana pasada en Bruselas sin conseguir llegar un acuerdo para cerrar la PAC que regirá la agricultura y la ganadería entre 2023 y 2027 y, aunque existen reglamentos que aseguran su continuidad (en 2021 y 2022), el sector agrario español ha expresado su descontento por ese fracaso. En principio el retraso no es grave (al menos no más que los dos años de demora que ya se acumulan) y los ministros del ramo se volverán a reunir a finales de junio para retomar las conversaciones, ya que la idea es que todo se resuelva con Portugal en la presidencia de la UE.
Lo que está claro es que la conferencia de Luis Planas con las comunidades autónomas en la que debía determinar la aplicación de la nueva Política Agraria Común y que estaba prevista para el próximo día 11 tendrá que esperar un par de meses al menos. Voces autorizadas declaran que hasta otoño hay tiempo, pero lo cierto es que en verano cualquier tipo de gestión se ralentiza y Europa se plantará en el mes de septiembre en un abrir y cerrar de ojos.
En este momento quedan muchos aspectos importantes por concretar y, más allá del cruce de acusaciones institucionales -entre Consejo de Ministros, Comisión Europea y Parlamento Europeo- la clave está en la ambición ambiental que se pretende (los ecoesquemas quedarán probablemente en un 25% del presupuesto total, aunque algunos países piden que se llegue el 30%), con la indignación de muchos agricultores y organizaciones agrarias (que creen que ya tienen suficiente obligaciones medioambientales) y la posición a favor de ONGs ambientalistas. «Junto a la sostenibilidad ambiental, hace falta una sostenibilidad económica y social. Ese equilibrio es definitivo. Solo daré mi apoyo a un acuerdo europeo que permita esa triple sostenibilidad», dijo Planas. Además, para el agricultor de a pie, la demora en la negociación de la PAC repercute, por ejemplo, en decisiones a medio plazo como la planificación de campañas, que no coinciden con años naturales, o en la inversión que pueda acometer una cooperativa.
Lógicamente, las reacciones de la organizaciones agrarias no se han hecho esperar demasiado. Desde ASAJA han lamentado «la falta de voluntad política para alcanzar un acuerdo satisfactorio» y ha instado «a los negociadores de la PAC a asumir su responsabilidad». «Lamentamos igualmente el partidismo demostrado por la Comisión Europea a través de su vicepresidente, Frans Timmermans, y el propio comisario de agricultura, Wojciechowski, que en esta fase de negociaciones, en lugar de actuar como instrumento facilitador del acuerdo, tendiendo puentes entre las partes realmente involucradas en el proceso, se han situado claramente en las posiciones más radicales de una de ellas, con clara intención desestabilizadora», han declarado desde la organización.
Por otro lado, ASAJA recuerda que cuando se habla de nuevas ambiciones climáticas y medioambientales, los agricultores y ganaderos ya están sometidos y asumen numerosos e importantes compromisos en esta materia en la actual PAC, por lo que los nuevos esfuerzos deben ser debidamente justificados, incentivados y remunerados ya que, como indica el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, «es difícil ser más verde cuando los números cada vez son más rojos para el agricultor y el ganadero».
«Los agricultores y ganaderos trabajamos sobre el terreno y somos conscientes de los problemas medioambientales. Somos y seremos los primeros en sufrir sus consecuencias. Es por eso que los negociadores de la UE deberían confiar en que el sector hará un esfuerzo suplementario siempre que se legisle de una manera realista. De hecho quisiéramos recordar a nuestros legisladores que de sus decisiones depende que se implementen nuevas inversiones en las explotaciones, empleos en el medio rural o incluso los sueños de los futuros agricultores europeos», recalcan desde ASAJA.
UPA también ha mostrado su disgusto por la falta de acuerdo y hace hincapié en que, cuando se consiga, ha de estar orientado a proteger sobre todo a los pequeños y medianos profesionales con explotaciones familiares que constituyen el «modelo mayoritario de la agricultura y la ganadería en España» y también el más sostenible. Esperan que antes de que concluya el mes de junio se logre «un acuerdo sólido que siente las bases de una PAC que apoye a los que más lo merecen y lo necesitan, a los que vivimos y trabajamos en los pueblos y alimentamos a toda la sociedad».
Para UPA, el techo máximo de ayudas es una de las claves para el futuro de la PAC. «¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?», reflexionan. El techo máximo de ayudas es una reivindicación histórica y una conquista social «irrenunciable» que el propio Parlamento Europeo respalda, según la organización.
UPA ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no dé ni un paso atrás en la exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. Esta ayuda debe servir para lograr la ansiada «justicia social» en las ayudas al campo que vienen de Europa. «Ese apoyo debe ser uno de los puntales del futuro del medio rural español y europeo. Protegiendo a los más pequeños estaremos luchando por el reto demográfico y contra la despoblación y fomentando los modelos de agricultura y ganadería más sostenibles», aseguran.
Sobre la llamada condicionalidad social de las ayudas, UPA cree que los derechos laborales deben cumplirse todos «sí o sí». Vincular la percepción de una ayuda al cumplimiento de derechos es una «incongruencia», han recalcado. Y respecto a las políticas verdes, sostienen que tanto la Comisión como el Parlamento y el Consejo «deben ser muy conscientes» de los avances que la agricultura y la ganadería han hecho en estos años en competitividad, sostenibilidad y modernización. «No podemos permitirnos que ningún agricultor o ganadero se vea obligado a abandonar por no cumplir nuevas exigencias de carácter medioambiental», recalcan.
Los jardineros de europa.
Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha mostrado su rotundo rechazo a que se destine un 25% de las ayudas de la PAC a los ecoesquemas porque en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios. El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha sido muy crítico con el principio de acuerdo al que en este punto han llegado Eurocámara, Comisión y Consejo de Ministros de Agricultura de la UE durante las negociaciones llevadas a cabo la semana pasada, a pesar de que el acuerdo firme finalmente se ha postergado, al menos, hasta el próximo consejo del mes de junio.
COAG considera inquietante que, con estos planteamientos, la PAC se aleje de su verdadero objetivo: producir alimentos en cantidad y calidad suficiente para los 500 millones de ciudadanos europeos. «Resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa», ha subrayado Blanco.
Además, la organización señala las serias contradicciones de la UE en este sentido. El sector agrario está obligado a asumir las estrategias europeas (Paquete Verde y estrategia ‘De la Granja la Mesa’) y adaptar sus producciones a los más altos estándares de calidad y respeto medioambiental, para lo que correspondería indefectiblemente, aseguran, reforzar el presupuesto de la PAC. Sin embargo, ante estos retos ambiciosos resulta lamentable un recorte de los fondos agrarios que supone una pérdida del 12% del poder adquisitivo aprobado por el Consejo Europeo para el periodo 2021- 2027, ya que, aunque la cantidad es similar a la del periodo anterior en términos absolutos, no se tiene en cuenta el aumento de los costes registrado en los últimos años. Ello supondrá mayores gastos para agricultores y ganaderos, que no se verán compensados.
«Y no sólo eso, de forma paralela la UE sigue firmando acuerdos de libre comercio con terceros países que ahondan en la desregulación del mercado debilitando las normas higiénico-sanitarias y el principio de precaución y son la puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto al medio ambiente y bienestar animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo. Es una sentencia de muerte para las pequeñas y medianas explotaciones y un fraude para los consumidores», ha argumentado el secretario general de COAG.
Por estas razones, COAG participará el próximo 14 de junio en la manifestación convocada en Lisboa con motivo del Consejo de Ministros de la UE junto a las diversas organizaciones agrarias europeas pertenecientes a la Coordinadora Europea Vía Campesina. «El modelo social y profesional de agricultura es el gran perdedor porque esta orientación de la PAC deja en manos de grandes empresas multinacionales y fondos de inversión especulativos la agricultura europea. Ya lo estamos viviendo en el día a día de muchos sectores, en donde la expulsión y el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad es un hecho», ha apostillado el responsable de COAG.
Unión de Uniones también ha lamentado la falta de acuerdo la semana pasada. La organización agraria critica la intención del Parlamento de querer elevar el nivel de exigencia para las explotaciones en las cuestiones relacionadas con medio ambiente y cambio climático, con un mayor porcentaje para ecoesquemas y más rigidez en su aplicación en los primeros años. Para Unión de Uniones lo importante de verdad es que estos ecoesquemas den respuesta a necesidades del sector y sean atractivos para que los agricultores y ganaderos participen en ellos y aseguren su buen funcionamiento. La organización se opone a dedicar más dinero de la PAC al objetivo ambiental y a aumentar la presión sobre las explotaciones «mientras no se exige nada ni remotamente parecido a los productos importados» y considera que la respuesta del sector agrario a la ambición ambiental de la UE es ya más que suficiente y la mayor en términos cuantitativos y cualitativos de todas las políticas europeas.
Respecto de la figura del agricultor genuino como beneficiario de las ayudas PAC, la organización, opina que, tal y como se ha estado fraguando, se han ido ampliando los márgenes para su definición. Al final todo apunta a que será una decisión política de cada Estado miembro en su plan estratégico. Por ello Unión de Uniones se reitera en aproximar la figura de agricultor activo a la de profesional, requiriendo un mínimo del 25% de ingresos procedentes de la actividad agraria, no incluyendo a quienes reciben hasta 1.250 euros de pagos directos, para evitar la exclusión de los sectores sociales del medio rural.
Por último, Unión de Uniones señala que no entiende el debate que se ha creado en torno a la reserva de crisis. La organización recuerda que esta reserva de crisis se creó en 2013 y que cada año se alimenta con dinero que se le quita a los agricultores, retornándolo posteriormente si no se usa. Unión de Uniones critica que, desde 2013, ha habido suficientes crisis como para haberla utilizado y nunca se ha hecho. Señala, como ejemplo, que incluso este mismo año la Comisión se ha negado a ponerla a disposición del sector vitivinícola cuando se planteó. «No entendemos entonces su razón de ser. Si lo que quiere la Comisión es devolver el dinero al año siguiente, ¿entonces para qué se recauda?», señalan. «El dinero de los agricultores y ganaderos donde mejor está es en su propio bolsillo», concluyen.