Los ayuntamientos que se rigen por el régimen de financiación por variables (los de menos de 75.000 habitantes) tienen desde 2014 la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda la información de su periodo medio de pago a proveedores (PMP) cada trimestre. Antes deberán haber dado cuenta de ella en el Pleno municipal. Pese a ello, resulta muy difícil seguir los datos de todos los consistorios, ya que en cada una de las publicaciones periódicas de esos datos faltan buena parte de ellos.

Así ocurre también con el último informe ministerial, publicado esta semana y correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2018, en el que aparece la información de 43 municipios albacetenses, exactamente la mitad de los 86 incluidos en ese sistema de financiación y una cifra muy similar a la de los dos trimestres anteriores (los primeros en que se aplicó el nuevo método de cálculo, en el que el periodo se contabiliza desde el día en que se aprueba la factura y no a partir de los 30 días de su aceptación, como se hacía anteriormente). Por tanto, el 50% no aparece, bien porque no remitieron la información o porque lo hicieron fuera del plazo establecido para incluirla.

 Ocurre de forma parecida con otros trámites legales, como la rendición de cuentas generales, liquidaciones de presupuesto u otros datos financieros. Los ayuntamientos alegan que no disponen de los medios y personal necesarios para atender tantos requerimientos, mientras que el Estado opta por no sancionar o buscar otras vías para reducir los incumplimientos.

En cuanto a los datos publicados, cabe destacar que 28 de los ayuntamientos incluidos (el 65%) pagaron sus facturas dentro del plazo máximo establecido, que es de 30 días. Son, por tanto, mayoría los cumplidores, aunque la media de tardanza aumenta a 39 días, debido a que algunos se sitúan por encima de las 100 jornadas para pagar y suben mucho ese promedio.

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