La estadística de condenas dictadas en Albacete por juzgados y tribunales evidencia que la criminalidad que suele darse en la provincia no es de gran entidad: solo el 20% de las medidas incluidas por jueces y magistrados en las sentencias condenatorias por delitos son de privación de libertad. El dato puede extraerse del informe sobre condenas y condenados de 2018, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística, donde se refleja que el pasado año 2.027 personas fueron condenadas tras ser procesadas por infracciones penales. No se acompaña el dato del número de absueltos o de personas juzgadas, pero en todo caso el número de condenas es similar al de años anteriores en la provincia.
En todas esas sentencias condenatorias se incluían 5.501 penas diferentes, porque una misma condena puede aludir a más de un delito o generar más de una medida de condena. Entre esas 5.551 penas impuestas a esos 2.027 condenados las penas de prisión fueron un millar. Fue más habitual la pena económica, condenar al infractor al pago de una multa: un 35% de las penas incluidas en las sentencias penales de condena fueron sanciones económicas, con 1.790 multas impuestas a los condenados por la justicia.
Menos frecuentes fueron las penas de inhabilitación especial para el empleo (571 dictadas en 2018), la privación del derecho a conducir vehículos a motor (383), la privación del derecho a tener armas (358), la prohibición de acercarse a la víctima (358) o la prohibición de comunicación (319). Tampoco son lo habitual los trabajos en beneficio de la comunidad, con 187 penas dictadas en la provincia en 2018, menos del cuatro por ciento de las penas incluidas en las sentencias condenatorias. Figura asimismo en la estadística el número de casos en los que la sentencia incluye la medida de expulsión del territorio nacional de un condenado extranjero, con solo cinco casos en 2018 en la provincia. Desde 2013 los juzgados han dictado la expulsión de España de 32 personas extranjeras como pena en respuesta a haber cometido un delito.
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