Seguirán trabajando hasta que los ribereños tengan voto

S.L.H
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El consejero del ramo explicó que seguirán hablando con el Gobierno central al objeto de modificar la normativa que regula la Comisión de Explotación

El consejero de Agricultura reconoció que ser solidario en materia de agua «no es fácil, pero lo somos». - Foto: Ví­ctor Ballesteros

Las Cortes castellano-manchegas marcaron esta mañana un hito tras aprobar por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) relativa a la presencia de los pueblos ribereños en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura. No por defender la presencia de los municipios próximos a los embalses de Entrepeñas y Buendía, sino por defender conjuntamente por primera vez en la historia de este Parlamento las necesidades hídricas de la comunidad autónoma, por encima de presiones o intereses partidistas.

Aún así, los reproches fueron continuos durante todo el debate, especialmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular.

La propuesta de resolución que salió adelante al finalizar el pleno recogía dos puntos, que pasaban por hacer que el Parlamento mostrase su apoyo a los pueblos ribereños para que su presencia se haga real y efectiva en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura; y la constitución de una Mesa de Trabajo en torno al agua con participación del Gobierno regional y los tres grupos parlamentarios, así como agentes sociales y económicos, para blindar una posición común con la que poder acudir a un Pacto Nacional.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Alejandro Ruiz  fue el primero en fijar postura, celebrando el acuerdo previo entre todos los grupos para sacar adelante esta proposición no de ley. En todo caso, quiso recordar cómo su formación ya advirtió que los partidos políticos «tienen que ser muy cautos» en esta materia, ya que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista «ya habían dicho que acabarían con el trasvase» pero no han sido capaces de cumplir.

Por ello, pidió «honestidad» a ambos grupos, insistiendo al PSOE en que más allá de recurrir desde el Gobierno de Castilla-La Mancha los trasvases aprobados de manera sistemática, debería solicitar en Ferraz que paralice estas liberaciones de agua.

Ruiz concluyó su intervención confiando en que en «el futuro haya más acuerdos de este tipo, con manos tendidas y sin trampas».

De su lado, la diputada del PP Ana Guarinos inició su discurso indicando que pese a haber conseguido la representación de Castilla-La Mancha en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, esa presencia no permite defender los intereses de la región, ya que la Mancomunidad de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía «tiene voz, pero no voto».

La muestra de ello es que pese a comparecer en la última Comisión de Explotación, no se ha evitado una nueva derivación. Además, calculó que desde que Pedro Sánchez gobierna se han trasvasado más de 450 hectómetros cúbicos en 17 meses. «Es el Gobierno más trasvasista de la historia», lamentó la parlamentaria ‘popular’, que sacó pecho por el Memorándum firmado con el Ejecutivo del PP hace dos legislaturas, ya que gracias a él «no se puede trasvasar» cuando los embalses de cabecera tengan menos de 400 hectómetros cúbicos.

En este punto, arrogó a su presidente, Paco Núñez, la iniciativa de firmar una posición blindada para defender el agua en Castilla-La Mancha. «Queremos política de agua, no que se haga política con el agua. Y no queremos políticas contradictorias del PSOE». 

 

Reproches al PP. El diputado del PSOE Francisco Pérez Torrecilla y representante regional en la Comisión de Explotación del trasvase recordó que el PP mantenía viva en el Congreso una PNL para que los ribereños no pudieran estar sentados en la Comisión. «Si eso es defender el agua, déjenos como estamos», afeó a Guarinos.

El también alcalde de Sacedón dijo a la parlamentaria ‘popular’ que esperaba de ella «otro tipo de intervención» más conciliadora, y le recordó que si se trasvasa agua ahora es porque las reglas del trasvase están sometidas al Memorándum de Cospedal. No obstante, lamentó que aunque los ribereños dispongan de voto en la Comisión, las cosas cambiarían poco, pues el resto de los asistentes están a favor de continuar con esta infraestructura. 

Sin embargo, el Gobierno regional, explicó el consejero Francisco Martínez Arroyo al final del debate, continuará trabajando de la mano del futuro gobierno central para lograr que Castilla-La Mancha decida sobre el agua del Tajo. «Hoy la presencia de los municipios ribereños solo es con voz y sin voto, pero para que sea posible hay que modificar la normativa que regula la Comisión de Explotación. Para ello, trabajaremos con el gobierno central para que esto sea verdaderamente efectivo», concluyó.