El Papa Francisco ha firmado una norma que obliga a denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder por parte de un clérigo y que establece un procedimiento a seguir en las diócesis y exige celeridad en las investigaciones preliminares.

El motu proprio o documento de Francisco llamado Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo) y publicado hoy, también exige a todas las diócesis del mundo la creación antes de junio de 2020 de un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia, así como la total protección y asistencia a los denunciantes.

Esta nueva ley es una de las "propuestas concretas" prometidas por el Sumo Pontífice para erradicar la plaga de los abusos en el seno de la Iglesia, después de la histórica reunión sobre el tema que se celebró en febrero con los representantes de todas las Conferencias episcopales.

Y se aplicará, como reza el artículo 1, a todos los delitos en los que "se obligue a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil". También incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el supuesto de acoso a seminaristas o novicios. Así como los delitos de encubrimiento, las "acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales".

La nueva ley no incluye nuevos delitos o penas, porque para ello ya existen las normativas canónicas, apuntan fuentes vaticanas, pero establecen los procedimientos a seguir. La principal novedad es que los religiosos tienen la "obligación de informar al un obispo o al superior religioso" y esto no "interfiere ni modifica ninguna otra obligación de informar que a las autoridades civiles competentes". Las denuncias tienen que ser inmediatamente señaladas en la diócesis donde se ha producido los hechos, pero también se permite que se comunique a otros obispos. Si la persona señalada es un obispo o un cardenal, el informe se enviará o al obispo metropolitano o al más antiguo del país y se tendrá que informar urgentemente al dicastero, el ministerio correspondiente de la Santa Sede, y así mismo se informará a la Secretaria de Estado.

Otro punto relevante es la protección de los denunciantes y de las víctimas que, establece la nueva ley, no pueden ser objeto de "prejuicios, represalias o discriminación", así como nadie puede imponerles la obligación de silencio con respecto al contenido, por lo que pueden hablar con ellos con quien quieran, incluida la prensa. Además, "las autoridades eclesiásticas se han de comprometer con quienes afirman haber sido afectados, junto con sus familias, para que sean tratados con dignidad y respeto, y han de ofrecerles, en particular, acogida, escucha y seguimiento, incluso mediante servicios específicos; atención espiritual y asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso".

Otro de los detalle destacable es que la denuncia "procederá sin demora y, en cualquier caso, dentro de los treinta días posteriores a la recepción del primer informe por parte del representante pontificio". Además, desde el inicio al cierre de las investigaciones preliminares en la diócesis no tendrán que pasar más de 90 días, aunque se podrá aumentar el plazo por motivos justificados.

La respuesta de las víctimas

El italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas del país y miembro de la asociación internacional Ending Clergy Abuse (ECA), ha calificado de "fraude" el compendio de reglas del Papa para erradicar los abusos de la Iglesia católica. 

"Es un fraude. Pedimos que todos los casos de pederastia que se dan en la Iglesia sean denunciados ante las autoridades judiciales del Estado. Pero el Vaticano no está de acuerdo", ha afirmado Zanardi, quien sufrió con 11 años abusos sexuales por parte de un cura en Italia. 

A su juicio, para poner en práctica la "verdadera" tolerancia cero contra los sacerdotes que abusan es necesario poner bajo la autoridad judicial no solo a los sacerdotes que han cometido estos crímenes, sino también a los que han encubierto estos casos. Para Zanardi "desde que salió la lacra de los abusos hace 20 años, no han hecho una sola denuncia a las autoridades civiles", ha criticado. 

Además, ha señalado que el hecho de que la Iglesia reduzca un sacerdote al estado laical "no resuelve el problema". "Tendremos un exsacerdote, que ya no oficia misa, pero siempre pedófilo se queda", ha agregado.