El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a recabar la opinión de la población sobre el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Territorial y contra el Despoblamiento. Para ello lo ha expuesto a consulta pública hasta el 10 de diciembre de este año, al objeto de recoger la opinión de los diferentes sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por esta futura norma.

La presente ley tiene como fin apostar decididamente por la promoción del Desarrollo Rural Territorial en Castilla-La Mancha y garantizar, así, los servicios mínimos básicos a su población rural. Al mismo tiempo, la norma posibilitará la igualdad de oportunidades efectiva para sus ciudadanos y propiciará una adecuada cohesión económica y social entre sus territorios, luchando así contra el despoblamiento de importantes zonas de la región.

El anteproyecto recoge que es labor de la Administración pública el guiar, orientar, propiciar, estimular y ordenar el avance en la consecución de la igualdad territorial en el acceso a las oportunidades y garantías básicas de la población en materia educativa, sanitaria, de transportes y telecomunicaciones, así como la lucha contra el despoblamiento, las garantías y oportunidades para la juventud y el fomento del emprendimiento.

Necesidad y oportunidad para aprobarla. En este marco, la comunidad de Castilla-La Mancha necesita dotarse, como defendió el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, de una norma, en forma de ley, que regule, ampare, propicie y potencie las vías de actuación en torno al desarrollo rural territorial y al despoblamiento.

La elaboración de esta ley es un compromiso electoral de gobierno, necesaria para completar el ordenamiento jurídico a fin de alcanzar los objetivos planteados en aquellos sectores productivos que permitan reintroducir en el ámbito rural los recursos que en la actualidad son necesarios, posibilitando de este modo su desarrollo económico y fijar población.

Los objetivos básicos que han de regir las actuaciones públicos de las administraciones de Castilla-La Mancha en materia de desarrollo rural territorial y despoblación serán, entre otras, las siguientes:

Garantizar los servicios mínimos básicos a la población rural en un diseño de geometría territorial variable; fomentar y consolidar la agricultura, ganadería y silvicultura como ejes vertebradores del medio rural; y ampliar la base económica y social del medio rural en las actividades tradicionales productivas, complementando con la diversificación productiva y el empoderamiento de su población.

Asimismo, el anteproyecto recoge como objetivos básicos incentivar la lucha contra el cambio climático como base de responsabilidad social rural y como oportunidad para la dinamización de ítems básicos en el mundo rural; y propiciar un nivel de vida digno a la población rural, tanto en términos de renta y calidad, como de bienestar. Se discriminará positivamente hacia aquellos habitantes de los núcleos menos accesibles por sus condiciones orográficas, más diseminados, así como a las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión.

La futura norma también apunta a la incentivación del patrimonio cultural, etnológico e histórico autóctonos como «vía de valorización económica y social de la singularidad de la dimensión local del mundo rural y del sentido de permanencia a sus habitantes»; y a la promoción de la bioeconomía, la economía circular, la producción natural y ecológica, así como el agroturismo como actividades básicas en la economía rural.

Sin abandonar este aspecto, el anteproyecto recoge, además, el fomento del turismo rural con acciones de promoción dirigidas a la creciente demanda de ocio en las zonas rurales y el medio natural, configurándolo como «un destino singular y de valor único».

Otro de los objetivos es garantizar una plena conectividad territorial para una adecuada cobertura de internet de banda ancha y de telefonía móvil, evitando así que se produzca una brecha de derechos en el ámbito digital.

Una vez que se den por concluidos los dos meses de consulta pública, comenzará un nuevo periodo consistente en crear grupos de trabajo con los representantes de la sociedad civil, aquellos grupos de interés, así como el resto de consejerías y administraciones implicadas en este proceso, en busca de una normativa que luche contra el despoblamiento.