La Atención Primaria de la región, de las que empeoró menos

Javier D. Bazaga / Madrid
-

Según las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la comunidad ha incrementado 16 euros el gasto medio por habitante, pero necesita reducir la presión sobre los profesionales

La Atención Primaria de la región, de las que empeoró menos - Foto: Víctor Ballesteros

El sistema de Atención Primaria de Castilla-La Mancha es uno de los pocos que mejor aguantó los envites de la crisis económica, ya que el porcentaje del gasto sanitario público en este área experimentó un «mínimo» incremento desde el 16,38 por ciento en el año 2010, hasta el 16,47 en el año 2016, cuando la economía empezaba ya a dar muestras de recuperación.
Son cifras extraídas del informe ‘Repercusiones de la crisis sobre la Atención Primaria. Evolución en las comunidades autónomas’, que ha elaborado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Un documento que  da a Castilla-La Mancha el título de ser una de las comunidades que «ha empeorado menos», según afirma el portavoz de la federación, Marciano Sánchez Bayle. Algo que no oculta el deterioro generalizado de la Atención Primaria en todas las comunidades que mostró este documento con una reducción del gasto sanitario del 1,21 por ciento de media.
El objetivo del estudio era analizar la evolución de la Atención Primaria en las comunidades autónomas durante los años de la crisis, y «evaluar si se ha producido una recuperación tras la mejora de la situación económica». Y una de las conclusiones que se puede extraer de este documento es que el gasto en Atención Primaria  sufrió una «desatención presupuestaria» que el informe sitúa como «origen de la precaria situación y el descontento vivido en todo el país sobre la Atención Primaria actual», explica Sánchez Bayle.
No obstante, Castilla-La Mancha mantuvo algunas variables en positivo como el gasto medio por habitante y año, que se incrementó cerca de 16 euros en los años de la crisis, desde los 220,5 de 2010 hasta los 236,5 en 2016, mientras que la media del país experimentó una disminución de 3,6 euros.
El documento apunta además a una «gran presión sobre los profesionales» que no se ha acompasado con la pérdida de población que han experimentado muchas comunidades, y que en el caso de Castilla-La Mancha se tradujo en 34 pacientes menos por cada médico de Atención Primaria. Algo en lo que también influyó la extensión y la dispersión de la población en la Comunidad, siendo una de las que menor ratio presenta.
En este sentido, Castilla-La Mancha es una comunidad que casi no ha variado su población con una disminución del 3,18 por ciento, por lo que la mejora en los recursos ha ido algo más acompasada. Aunque Sánchez Bayle no puede obviar que en este tipo de comunidades «muy grandes geográficamente y con una gran dispersión de la población», estas mínimas carencias «pueden suponer situaciones muy negativas para algunos usuarios».
En este sentido, Sánchez Bayle cifra en unos 5.000 médicos de familia más las necesidades del conjunto del país, que en el caso de Castilla-La Mancha habría que acompañar con «adecuar mejor los recursos a la población». De hecho, el porcentaje de médicos con más de 1.500 tarjetas sanitarias en 2010 ascendía casi al 45 por ciento, y en el año 2017 solo se redujo hasta el 40,5 por ciento.
Recomendaciones. Entre las recomendaciones que lanza el informe para la mejora de la Atención Primaria a nivel global, destaca el «incremento notable» de los presupuestos para esta área estimando como «razonable» el 20 por ciento de los recursos sanitarios. «Como esta cifra está muy lejos de la realidad (hoy se encuentra en el 13,6 por ciento), debe realizarse un plan presupuestario para alcanzarla progresivamente», matiza el portavoz de este colectivo.
También figura un «incremento sustancial de las plantillas», que establezca un máximo de 1.300 tarjetas sanitarias para los profesionales médicos y de enfermería, y de 1.000 para pediatría, para lo que cifró las necesidades de personal en el conjunto del país en unos 5.000 médicos de familia, 6.000 profesionales de enfermería, 1.000 pediatras y unos 6.000 administrativos para los centros de salud.
Derivada de esta recomendación sitúan la necesidad de convocar «todas las plazas de formación MIR acreditadas para pediatría, medicina de familia y enfermería comunitaria, para permitir la existencia de especialistas cualificados en Atención Primaria», señala Sánchez Bayle.
Otra de las recomendaciones a destacar es  la de garantizar la «accesibilidad y continuidad» del sistema para lo que «habría que asegurar que más del 95 por ciento de la demanda se atendiera en un plazo de 48 horas».