Castilla-La Mancha quiere cambiar el modelo de PAC que se aplica en España y puede que tenga como aliado a Bruselas, nada más y nada menos. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado hoy que en estos momentos está sobre la mesa de la Unión Europea cerrar algunos puntos como poner un tope de ayuda por explotación, algo que podría marcar como obligatorio para los países. Eso es algo que Castilla-La Mancha está pidiendo.
El consejero se ha reunido esta mañana de manera telemática con el ministro de Agricultura y el resto de consejeros del ramo para preparar el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE de la próxima semana. Martínez Arroyo explicó que el tope del que se está hablando sería de 100.000 euros máximo de ayuda por explotación, pero descontando los costes laborales. Es decir, si la explotación genera empleo podría recibir algo más. Además señaló que entre 60.000 y 100.000 euros se aplicaría una “degresividad”, por la que se “recortaría un poquito del exceso de ayuda”.
Expuso que no se trata de poner un tope porque sí, sino que ese dinero que quedase por encima del máximo iría a una bolsa de fondos para hacer un pago redistributivo. Señaló que su intención es que ese dinero se pudiera repartir para beneficiar a los agricultores profesionales, teniendo por tal a aquellos cuya renta depende más de la mitad del campo.
“Si no se decidiera que sea obligatorio un techo por explotación y el pago redistributivo, nosotros sí lo queremos”, expuso. Arroyo señaló que se podría acordar en las reglas propias de España para aplicar la nueva PAC y dejó caer que el ministro está por la labor. “Lógicamente es mejor que sean las instituciones comunitarias las que obliguen”, comentó.
Queda por debatir el requisito de cumplir la normativa y el porcentaje de pagos medioambientales
También Bruselas podría poner un requisito de condicionalidad social que Castilla-La Mancha también reclama. Significaría que no podrían cobrar las ayudas quienes no cumpliesen con la normativa laboral. “Es nuestro deber exigir el cumplimiento de la normativa”, recalcó.
Otro de los asuntos que faltan por cerrar en el seno de la Unión Europea es el porcentaje de los pagos vinculados a prácticas medioambientales, lo que ahora se va a denominar ecoesquemas. Arroyo comentó que estará entre el 20 y el 30%. En este punto la reivindicación de Castilla-La Mancha pasa por incluir la agricultura ecológica, la ganadería extensiva o los secanos más áridos.
De todas formas, Bruselas puede aprobar unas líneas, pero luego toca concretar otras cuestiones a nivel nacional. “Previsiblemente en mayo tendremos fumata blanca sobre la futura reforma de la PAC”, comentó. “Es necesario un acuerdo cuanto antes para poder acordar luego en España las cuestiones de las que informamos el viernes pasado”, señaló. Esas cuestiones son un decálogo en el que Castilla-La Mancha y Aragón se han puesto de acuerdo para cambiar el modelo de PAC.
El consejero castellano-manchego insistió en que buscan suprimir los derechos históricos y las desigualdades de cuantías de ayuda por comunidades autónomas, de forma que se cobre lo mismo por hectárea de un cultivo esté en el punto de España que esté. También quiere que las medidas de la PAC beneficien a las explotaciones familiares y la incorporación de mujeres y jóvenes.