La contestada modificación que el Gobierno del Partido Popular hizo en 2015 de la ley de Seguridad Ciudadana mantiene un número estable de sanciones en la provincia de Albacete, sin grandes cambios año a año. Se trata de la conocida como ley Mordaza, que extendió la capacidad de sanción administrativa a determinadas conductas, como la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, o el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando «pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes». 
Los datos estadísticos a los que ha tenido acceso La Tribuna revelan que en la provincia albacetense hubo en 2018 un total de 859 sanciones administrativas por temas de seguridad ciudadana, excluyendo las multas que tienen que ver con tenencia y consumo de drogas o tenencia de armas y explosivos. Son 33 sanciones menos que las de 2017, y 35 más que en 2016. En 2015 apenas constan 38 sanciones en territorio albacetense por este tipo de infracciones, aunque la norma ese año no estuvo vigente todo el año, de ahí la gran diferencia en el número de multas.

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