El Sindicato Médico CESM de Castilla-La Mancha se suma a la huelga convocada a nivel nacional el próximo 27 de octubre, y al margen de las reivindicaciones compartidas en el ámbito estatal han sumado una veintena de exigencias para el Gobierno castellano-manchego. Así, reclaman al Ejecutivo de Emiliano García-Page una adecuación de las plantillas orgánicas para que sean autosuficientes; clarificar los tiempos para la asistencia, formación, docencia e investigación; eliminar las Gerencias integradas con separación de la Atención Primaria de la Hospitalaria y cada cual con su dotación presupuestaria; o un sistema de fidelización de todos los médicos residentes con contratos estables de al menos dos años de duración.
Exigen igualmente equipos de Protección Individual «en cantidad y calidad para todos los profesionales», así como PCR o test para todos; garantizar la seguridad de profesionales y pacientes; incentivar los puestos de difícil cobertura; la reactivación de la carrera profesional como reconocimiento; y la equiparación de las guardias de todos los residentes.
Plantean otras seis peticiones en el ámbito de la Atención Primaria ante la «gran sobrecarga asistencial que actualmente soporta», así como para aumentar la capacidad resolutiva de esta primera instancia sanitaria. En esta línea, exigen recursos humanos adecuados, menos burocracia, cupos de 1.500 pacientes en Medicina Familiar y de 1.000 en Pediatría con 10 minutos por paciente; y un presupuesto suficiente, alcanzando el 25% del total del gasto sanitario.
Piden, igualmente, mejorar la dotación material y tecnológica, con acceso a todas las pruebas diagnósticas; y mejorar la comunicación entre niveles asistenciales, con protocolos, vías clínicas y gestión de procesos.
Aumentar el tiempo para la formación continuada y la investigación; Puntos de Atención Continuada bien dotados de personal y material; transporte sanitario para visitas domiciliarias; y condiciones laborales dignas.
Según el comunicado de prensa emitido por la formación sindical, la mayoritaria entre los facultativos de la región, el Real Decreto Ley del Gobierno estatal que implementa las medidas urgentes en materia de teletrabajo en las administraciones y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 plantea extremos «inaceptables», ya que «desmantelan y dan la puntilla a un Sistema Nacional de Salud ya deteriorado por las circunstancias actuales».
En su opinión, supone además «un grave atentado contra la dignidad de los facultativos y la seguridad de los pacientes».