El contrato inicial carecía de informe de intervención que es obligatorio por Ley, según el grupo político SPV,, que registró un recurso de reposición de la adjudicación del servicio al que concurrieron en concurso dos empresas y las gestiones fueron paralizadas.

 Otras carencias detectadas por el grupo político morado era que al ser una privatización de un servicio público el contrato no podía aprobarse por Junta de Gobierno sino que el órgano competente es el Pleno del Ayuntamiento.

La infraestructura construída en el polígono eras de Santa Lucía con un montante de 460.000 euros de fondos europeos se levantó para dar cobertura a la demanda de los transportistas, uno de los sectores económicos más importantes del municipio.

Con la fiscalización del servicio crece la demora para la puesta en marcha del aparcamiento de los camiones que siguen haciendo uso de las calles y avenidas con una campa de 17.000 metros cuadrados adaptada para 90 plazas.