Hasta este verano aquellos pensionistas que habían trabajado parte de su vida laboral a tiempo parcial se veían sometidos a una «doble penalización». Así lo denomina Alberto Sánchez, el secretario de Administración de UGT en Castilla-La Mancha. Aparte de que por ese contrato a tiempo parcial se cotiza menos, luego la Seguridad Social aplicaba el coeficiente de parcialidad que reduce el número efectivo de días cotizados, por lo que se reduce la cuantía de la pensión. Por ejemplo, un castellano-manchego que haya trabajado veinte años con un contrato a tiempo parcial, cobrando unos 700 euros al mes, tendría una pensión de 350 euros con el coeficiente ‘reductor’ y 430 euros sin esa penalización.
Pero los días del coeficiente reductor han quedado atrás a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe su aplicación. El problema es que lo prohíbe a partir de la publicación de la sentencia, que fue el 13 de agosto, pero no se aplica de manera retroactiva para las pensiones calculadas previamente a esa fecha.
Desde UGT están convencidos de que esa medida debe ser retroactiva y apelan a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por eso han lanzado una campaña en la que ponen sus servicios jurídicos a disposición de los pensionistas que se pudieran ver afectados, es decir, aquellos que hayan tenido contratos a tiempo parcial para su cálculo y cuya pensión se fijase antes del 13 de agosto.
«Entendemos que la sentencia se queda corta», lamenta Sánchez, que también avisa de que desde la Seguridad Social ya han dicho que no van a actuar de oficio. Por eso confían en el efecto de las denuncias. Aclara que las reclamaciones tienen que ser individuales, no colectivas, porque depende de la vida laboral de cada persona, puesto que un trabajador ha podido estar a tiempo parcial un período de meses o de años.
Sánchez explicó que los contratos a tiempo parcial suelen concentrarse en sectores como el comercio, la hostelería o la dependencia, donde hay muchas mujeres trabajando. Teniendo en cuenta que ellas sufren brecha salarial respecto a sus compañeros varones, cuando llega la jubilación, padecerían una triple penalización. En estos momentos hay en Castilla-La Mancha 228.600 jubilados y calcula que en esta situación podría estar entre el 13 y el 14%.