El Colectivo Albacete en Defensa de las Pensiones Públicas valora positivamente las medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores publicadas recientemente. En su opinión, la publicación del nuevo Real Decreto Ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural (BOE del 27/10/2021) supone "un avance en la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables". Esta nueva normativa, con las medidas correspondientes, es coyuntural, dado que estarán en vigor hasta abril-mayo de 2022, indicaron en nota de prensa.
"Se mantiene la rebaja del IVA del 21% al 10% en la factura eléctrica, se disminuyen los costes del peaje de la red eléctrica del 5,7 al 0,5% y se incluyen algunas cuestiones que consideramos fundamentales", manifestaron desde Albacete en Defensa de las Pensiones Públicas, señalando que las personas que tienen el bono social eléctrico, consumidores vulnerables o personas en riesgo de exclusión social, actualmente si tienen un impago de una factura, la empresa comercializadora tiene cuatro meses para el corte del suministro, pero con el RD 23/2021 se amplía a los seis meses desde el primer impago.
A las facturas de la ciudadanía que tiene el bono social eléctrico se fija un descuento en la potencia de la energía consumida del 40% y dicha reducción se amplía al 60%. También los beneficiarios de este bono social eléctrico tienen derecho a una compensación, a una ayuda directa, en el llamado bono social térmico, se incrementa de 25 a 30 euros (periodo amortizado en el 2020), y a su vez para el próximo periodo se incrementa la ayuda en un 60%, independientemente de la región española donde residan sus beneficiarios.
Se regula el precio de contratación del gas natural en el mercado mayorista, se incentiva el contrato a plazo en la generación y distribución de la energía eléctrica o de gas, se vinculan mecanismos de transparencia absoluta, tanto para el consumidor individual como para los grandes consumidores y se disminuyen lo que comúnmente se denominan los "beneficios caídos del cielo", ajustándose estas desmesuradas ganancias a su coste real de producción y a los beneficios necesarios para cada empresa.
Lo que establece el citado Real Decreto-ley, para un consumidor medio, el impacto de las medidas supone una reducción en la factura de un 20%, y en los consumidores vulnerables y/o en riesgo de exclusión social la disminución del coste sería aproximadamente de un 35% más las ayudas directas sobre el bono social térmico.
Estos avances "positivos", recogidos en la nueva normativa publicada, no deben aplicarse en una situación temporal determinada sino que se deben alargar en el tiempo, reseñaron.