Este lunes el Rey preside el acto de apertura del Año Judicial, contaminado por la falta de acuerdo entre Gobierno y PP para proceder a su renovación, con cruce de acusaciones de bloqueo por las dos partes. El gobierno acusa a Casado de exigir una fórmula de elección que no propuso su partido cuando fue gobierno; Casado acusa al gobierno de impedir que los jueces elijan a los miembros del CGPJ procedentes de la carrera judicial, y de intentar incluir en las negociaciones a Podemos.

Se rumorea que el presidente Carlos Lesmes podría renunciar a su cargo una vez celebrada la apertura del Año Judicial. Otras fuentes sin embargo aseguran que no lo contempla sino que por el contrario, busca la fórmula que le permite al Consejo seguir trabajando y tomando decisiones –incluidos los nombramientos- aunque se encuentre en funciones. Lo inquietante es que la falta absoluta de sintonía entre los dirigentes del gobierno y del principal partido de la oposición han provocado un serio problema en la más importante institución judicial. Sánchez y Casado tendrían que hacer un ejercicio de responsabilidad poniéndose de inmediato a la tarea de buscar acuerdos. Desde Bruselas se ha encarecido al gobierno a que lo haga, e incluso le dieron un toque de atención hace meses cuando se anunció que el gobierno promovería una nueva ley para elegir a los miembros del CGPJ sin pasarla previamente por el Parlamento.

Es una vergüenza para España el bloqueo, tanto si es responsable el gobierno como el PP, o los dos. La falta de entidad y de servicio a los españoles de la mayoría de los actuales políticos se visualizan más que nunca en el debate sobre la renovación de las instituciones. Incluyendo la inaudita decisión de Pedro Sánchez de designar Fiscal General del Estado a su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Que ha demostrado, como se temía, que en algunas cuestiones utiliza la Fiscalía a conveniencia. Falta poco para que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la impugnación que presentaron Vox y PP a esa designación, y lo que se sabe hasta ahora es que el debate es intento, tenso, y de momento con empate.

Precisamente desde la Fiscalía se ha filtrado un documento que presenta al Rey Juan Carlos como un "comisionista internacional". Profesionales del mundo judicial se han apresurado a explicar que no se trata del informe con las investigaciones de los fiscales, sino que es el documento enviado a la fiscalía suiza para que responda sobre una serie de preguntas que se plantea el fiscal español sobre los supuestos negocios realizados por el Rey Juan Carlos y sus testaferros en Suiza, publicados por varios medios de comunicación. Lo que se llama "comisión rogatoria".

La credibilidad de un país está directamente relacionada con la de sus jueces y fiscales. Es inadmisible que la política impida la falta de acuerdo entre gobierno y oposición para renovar sus instituciones.