La Fiscalía mantiene los 25 años de cárcel para Junqueras

Efe
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El Ministerio Público no varía la pena para el exvicepresidente de la Generalitat y pide 17 años para Carme Forcadell y los 'Jordis' al considerar que el procés fue una rebelión consumada en la que hubo malversación y desobediencia

La Fiscalía ha ratificado en el juicio del "procés" su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell y los Jordis.
El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el procés fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).
Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que dice que la pena de prisión tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de 20 años, salvo excepciones, y que impide conceder el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, de manera que la Generalitat no podría concedérselo en caso de estar en cárceles de Cataluña.

Por su parte, la Abogacía del Estado se ha reafirmado en su acusación por sedición y ha mantenido su petición inicial de 12 años de cárcel para el exvicepresident Oriol Junqueras, a quien también imputa malversación; de 10 para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y de 8 para los Jordis.

Junqueras
Junqueras - Foto: POOL
No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.
Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- ante el Tribunal Supremo al elevar sus conclusiones a definitivas, es decir, no ha modificado nada de su escrito en relación a los 12 acusados.
Una vez practicada toda la prueba, la representante de la Abogacía ha decidido seguir adelante con la sedición, un delito que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.
Es decir, a su juicio, no se produjo la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña en otoño de 2017, lo contrario a lo que opina la Fiscalía, que ha confirmado su acusación por rebelión.