Polonia ha vuelto a abrir una batalla feroz contra la Unión Europea. Porque la explosiva decisión del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional parte del tratado de adhesión a la UE ha colocado de nuevo al país en un momento delicado con el bloque. Y, mientras, Bruselas calibra ahora sus opciones para responder al Gobierno de Varsovia, que acusa al grupo comunitario de interferir en asuntos de ámbito nacional, como la reforma judicial. 

A pesar de haber sobrevolado la opción de que Polonia siguiese los pasos del Reino Unido y abandonase la UE -un hipotético divorcio al que ya se ha puesto el nombre de Polexit-, las autoridades insisten en que esta opción no está sobre la mesa. Eso sí, tampoco quieren que exista una supremacía continental que acabe con las competencias de cada Estado miembro. «Somos un país soberano, no podemos permitir que nos traten como a una colonia o con un doble rasero», aseguran desde el Ejecutivo.

La sentencia, que determinó también la primacía del derecho polaco sobre el comunitario, es una guinda más encima del pastel de desencuentros que marcan la relación entre Bruselas y Varsovia desde hace varios años, avivados por el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS).

Junto a Hungría, el Ejecutivo de Mateusz Morawiecki está ahora buscando que la justicia comunitaria le dé la razón y descarte que los fondos europeos estén vinculados al cumplimiento de los valores básicos de la UE. Y es que fue el propio Morawiecki quien, tras varias decisiones de la justicia europea contrarias a sus intereses, pidió a esta corte doméstica que revisase la supremacía de la legislación a nivel nacional sobre la europea, que comenzó en julio y cuya sentencia se había pospuesto varias veces en las últimas semanas.

El fallo ha sentado como un jarro de agua fría en una capital comunitaria cansada del constante «tira y afloja» con Polonia y Hungría y que busca desde hace años cómo reconducir las deficiencias en independencia judicial y cumplimiento de los valores europeos en ambos países.

«La decisión la ha tomado un Tribunal Constitucional que no es digno de tal nombre, capturado por el poder ejecutivo. Al final es una decisión del Gobierno, que es muy consciente del impacto que una sentencia de este tipo iba a tener en su escalada con Bruselas», explica la analista Camino Mortera, del Centro para la Reforma Europea y el Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Desde Democracy Reporting International creen, por contra, que Morawiecki contaba con usar esta sentencia como «moneda de cambio», pero ha jugado mal su mano y «provocado una crisis de gran alcance que será muy difícil de contener para Polonia», especialmente antes de recibir su parte de los fondos de reconstrucción pospandemia, aún en negociación con Bruselas.

Y es que después de muchos años de diálogo infructuoso y diplomacia inefectiva, el órdago que plantea el Gobierno polaco con la sentencia de su Constitucional va un paso más allá de todos los que ha lanzado hasta ahora: se trata de una ruptura legal que cuestiona todo el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

«No es una cuestión de valores, es técnica: el derecho comunitario está por encima del derecho nacional. Eso no lo puedes dejar pasar, es una cuestión de las reglas del club. Si el club no sabe defender estas reglas, no entiendo muy bien para qué sirve», apunta Mortera.

La UE se cuestiona ahora en qué posición legal queda Polonia si deja de considerarse vinculada a artículos de un tratado que es condición indispensable para convertirse en Estado de la Unión y que Varsovia ratificó para entrar en el bloque hace ahora 17 años.

La situación legal es que sigue vinculada al grupo por sus compromisos y los tratados ratificados. Pero, si el Ejecutivo de Morawiecki aplica la sentencia del Constitucional, todo puede cambiar. Y tanto desde Bruselas como desde Varsovia tendrán que tomar una decisión sobre su relación futura, que se antoja, de nuevo, complicada.