La provincia 'cumple' con la renovación de viejos contadores

M.O
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Un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia certificó la instalación de cerca del 100% de los equipos inteligentes y de telegestión para el suministro eléctrico

La provincia ‘cumple’ con la renovación de viejos contadores - Foto: Ángel Ayala

Las distribuidoras eléctricas han cumplido con los plazos establecidos para el despliegue de contadores inteligentes en puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 15 kW, los conocidos como equipos de medida Tipo 5. La norma daba a las compañías plazos distintos para la sustitución de los equipos, desde antes de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2018. Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia confirma que las compañías han hecho su trabajo, y desde modo España ha superado incluso los objetivos fijados en la Directiva Europea de Electricidad. Los porcentajes de sustitución de equipos rozan el 100%, también en Albacete, según los datos que figuran en el estudio, hecho público recientemente. 
En concreto, se alude a que en la provincia la sustitución llega ya a 253.806 contadores tipo 5, lo que supone haber renovado el 99,91% de los equipos. Se reseña a su vez que durante el desarrollo de este plan de sustitución de contadores en España las empresas distribuidoras «han aprovechado también para sustituir los contadores de tipo 4 (potencia entre 15-50 kW), a pesar de no resultar obligatorio». En la provincia se contabilizaban 5.108 contadores sustituidos, de los más de 6.400 clientes con estos contadores tipo 4.
El informe recoge además los motivos por los que a veces las distribuidoras eléctricas no materializan el cambio de contador que quieren hacer. La principal causa alegada es «la imposibilidad de acceso al equipo», pero hay otras causas, como «las deficiencias en las instalaciones», y también la negativa de los clientes.
El informe concluye, entre otros apuntes, que el plan de sustitución de contadores ha tenido resultados positivos y que ello permite la posibilidad de «dotar al consumidor de capacidad para participar activamente en el mercado y en los mecanismos de respuesta de la demanda», con España «en buena posición de salida para hacer frente a la transición energética». 

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