Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística publicaba un dato importante para medir el impacto de la crisis económica generada por la emergencia sanitaria del Covid-19, los nuevos concursos acreedores para empresas y familias con problemas para afrontar sus deudas. Son los datos que completan la estadística del tercer trimestre, y lo cierto es que en ningún territorio hay aumentos considerables respecto a 2019: En España subieron un subieron un 1,6% en el tercer trimestre; en Castilla-La Mancha se incrementaron un 2,4%; en la provincia albacetense incluso son menos, hubo sólo cinco nuevos concursos de acreedores, por los ocho del segundo trimestre, y los 15 del primer trimestre.
En total, en lo que va de año se han abierto 28 nuevos concursos de acreedores en Albacete, cinco de ellos de personas físicas sin actividad empresarial, es decir, familias; los otros 23 son de empresas. En todo el año pasado hubo 61 concursos de acreedores registrados en la provincia, un dato que este 2020 parece ya imposible de alcanzar. Pero esta comparación y la poca incidencia de estos meses en la actividad concursal tiene letra pequeña. Lo explicaba ayer a este diario Antonio Roncero, profesor de Derecho Mercantil en el campus albacetense de la Universidad de Castilla-La Mancha: «La ley obliga a todo deudor a pedir el concurso de acreedores cuando eres consciente de que no vas a poder hacer frente a las obligaciones exigibles, tienes dos meses para comunicarlo, pero dentro de las medidas excepcionales por el Covid el Gobierno aprobó ampliar ese plazo hasta acabar el año; se están abriendo algunos concursos que se piden voluntariamente, pero este plazo de dos meses ahora no está vigente». Roncero advertía de que, si esta exención coyuntural no se amplía, «es posible que en enero tengamos una avalancha de concursos, y un posible colapso en los juzgados».
Cambios. Roncero apuntaba además que la ley concursal española es producto de una «resistematización» aprobada en mayo, en plena pandemia, «porque la ley de 2004 se había reformado ya 20 veces, y era algo complejo, abigarrado», y comentaba a su vez que España tiene pendiente transponer una Directiva de la UE sobre reestructuración empresarial: «Hay de plazo para hacer esta transposición hasta julio de 2021, se trata de ayudar a las empresas a solucionar esas dificultades antes de llegar a concurso; hay mecanismos, señales de alarma que permiten actuar antes, pero esto está pendiente de llegar al Derecho español; en este momento esta normativa nos hubiera ayudado bastante». Los datos de este año para la provincia indican que entre las 23 empresas concursadas hay siete del sector industrial, dos de construcción, siete comercios y tres establecimientos de hostelería. Seis de las 23 no habían cumplido los cuatro años de actividad, pero otras cinco superaban los 20 años.
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