Estamos ante un modelo «caduco». Un modelo que «ya no se sostiene». Con el que cada año que pasa se acentúan las desigualdades. Un modelo que necesita una «revisión integral», «de arriba a abajo», para corregir los elementos que distorsionan la llamada financiación efectiva por habitante. Son calificativos que hemos escuchado en los últimos días de responsables políticos, pero también de expertos en la materia. Sí, hablamos del modelo de financiación autonómica, cuya última actualización data del año 2009 y que, al tener un planteamiento quinquenal, debería haber pasado ya al menos por otras dos revisiones. Pero más allá de los plazos, las debería haber tenido por la propia evolución de las comunidades autónomas, de su fisonomía, de su desarrollo demográfico, de su evolución económica, que ha hecho que aquel modelo ya no atienda de manera adecuada al objetivo primordial que le define, el de garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales del mismo modo, y con la misma calidad, en un rincón del país que en otro.

El debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ha vuelto a ponerse encima de la mesa ahora que la emergencia sanitaria está –en su mayor parte– superada, y las distintas administraciones deben ocuparse, de nuevo, de los problemas estructurales que se vieron aplazados o suspendidos desde aquel marzo de 2020.

De hecho, si hay algo bueno que haya traído esta pandemia es la demostración de que las comunidades autónomas han sido corresponsables en su gestión y han sabido administrar los muchas veces escasos recursos para hacerle frente. Las autonomías han demostrado saber cuáles son las prioridades a la hora de financiar sus necesidades básicas. Y ahora, con las regiones desescalando hacia la nueva normalidad gracias al éxito de la vacunación, y con la mirada puesta en la recuperación, la prioridad vuelve a ser la suficiencia financiera que permita mantener esos servicios públicos básicos.

Profesora juntos sus alumnos en clase. - Foto: Javier PozoMucho antes de que el pasado 21 de septiembre los presidentes de la Comunidad Valenciana y Andalucía, Ximo Puig y Juan Manuel Moreno Bonilla respectivamente, se reunieran para hablar del asunto y tratar de hacer frente común en favor del volumen de población sin ningún tipo de ajuste, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya venía advirtiendo de la necesidad de revisar un sistema que no atiende de manera adecuada a otros elementos que pueden hacer que el modelo sea perverso, como en efecto así ocurre.

En Castilla-La Mancha se habla desde hace tiempo del «coste efectivo por la prestación de servicios». Y es que, como reconoce el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan José Rubio Guerrero, variables como la dispersión, el envejecimiento o el despoblamiento «encarecen la prestación de esos servicios». No es lo mismo llevar esos servicios a una gran ciudad, con mucha densidad de población, que llevarlos a una población atomizada en el territorio. «En población muy dispersa, son costes fijos muy elevados» asegura Rubio.

El presidente de Castilla-La Mancha fue más allá y aseguró, durante el Foro La Toja en el que participó junto a sus homólogos de Castilla y León, Valencia y Galicia, que mantener esos servicios básicos de los que hablamos en la comarca de Molina de Aragón «cuesta cuatro veces más» que en la ciudad de Toledo, teniendo ésta última más población total.

«Castilla-La Mancha debería pelear seriamente por el criterio de la dispersión, teniendo en cuenta que somos una comunidad con bastante distancia entre núcleos de población, y eso encarece la prestación de servicios, y el despoblamiento, que no está contemplado en el modelo y que habría que incorporar» indica Rubio Guerrero a La Tribuna.

El debate es complejo. No lo resolvieron en su encuentro en la isla pontevedresa los cuatro presidentes autonómicos –dos del PSOE y dos del PP–, «soy pesimista» llegó a pronunciar Page en su intervención allí, pero sí podemos evidenciar los puntos críticos del debate a pesar de que el objetivo sea el mismo para todos: poder ofrecer unos servicios públicos de calidad allá donde cada ciudadano los pueda necesitar. «¿Por qué no planteamos un mínimo para que, cuando hablamos de igualdad ante la sanidad o educación, el mismo criterio valga para Sabadell o para Jerez de la Frontera?» planteó García-Page. «Parametrizar criterios» es el término que utilizó. Es a lo que aspiran en la Junta de Castilla-La Mancha para hacer de la financiación autonómica un modelo más justo, y suficientemente financiado.

El próximo 2 de noviembre se reunirán en Santiago de Compostela los líderes de Galicia, Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura para abordar ese nuevo modelo de financiación autonómica. «Ocho presidentes de tres partidos distintos», manifestó Núñez Feijóo con «orgullo» por pertenecer a una alianza que, según destacó, «no va contra nadie».

Infrafinanciados

«Castilla-La Mancha recibe aproximadamente el 4,7% de la financiación total que se reparte entre las comunidades autónomas», explica el catedrático de la UCLM. Es decir, unos 5.825 millones de euros. Hasta aquí bien, pero si bajamos las cifras al terreno, o al individuo más bien, descubrimos que un castellano-manchego recibe en lo que se llama «financiación efectiva por habitante» o por «habitante ajustado» –ya incorporando con los parámetros de corrección pertinentes–, 570 euros menos que la región mejor financiada en estos momentos con el actual modelo, que es Cantabria. Resumiendo, con datos de 2019, por cada cántabro el gobierno de Revilla percibe 3.321 euros, mientras que por cada castellano-manchego, la comunidad recibe 2.750. Una diferencia abismal cuando la multiplicamos por los dos millones de habitantes que somos en la comunidad, y más si vemos que no se tienen en cuenta de manera adecuada esos conceptos de dispersión, envejecimiento o despoblación.

El catedrático Rubio Guerrero alerta, ante esta situación, de que el modelo necesita ser revisado «de arriba a abajo». «En Castilla-La Mancha estamos por debajo de la media nacional en financiación efectiva por habitante» dice. Las otras peor financiadas son Valencia, Murcia y Andalucía. Las que mejor son Cantabria y La Rioja. «Las regiones más pobladas son partidarias de no incluir ningún matiz o corrección», por eso Andalucía y Valencia tratan de evitar ponderaciones que puedan mermar ese índice de población, pero hay que llevar los servicios a todas partes y «en población muy dispersa, son costes fijos muy elevados», incide.

El modelo actual recoge criterios como el de la dispersión o el envejecimiento «pero están definidos de manera que pueden beneficiar a unas y perjudicar a otras», por lo que cree que se debe revisar el peso de cada uno de esos indicadores para hacerlo más justo. Otro dato: solo con los impuestos que recauda la comunidad «no podríamos financiar los servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones», alega Rubio.

García-Page aseguró que «en España nos empeñamos en fabricar diecisiete economías diferenciadas», por lo que consideró imprescindible concretar «cuánto tiene que quedarse el Estado y cuánto las autonomías» de esas competencias. Una variable que «está sin actualizar» dijo, ya que «han ido creciendo las competencias y seguimos gestionando el mismo porcentaje de la tarta». Es por eso que pidió al Ejecutivo central que «la cohesión que exigimos a Europa, nos la prediquemos a nosotros mismos».

Para el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, que participó en la Comisión para la reforma del Sistema de Financiación de 2017, es evidente que «el modelo no se sostiene», y propone revisar esos criterios que pueden distorsionar la financiación efectiva por habitante, o introducir la inversa de la renta per capita, es decir, a menor renta de una comunidad mayor financiación deberá tener.

Rubio comparte que comunidades autónomas de distinto color político se alíen ya que mantienen el mismo interés de prestación de servicios a los ciudadanos, y coinciden en algunas características comunes como las demográficas o geográficas. «Está bien, deben unirse –agrega– dejando al margen otras motivaciones ideológicas o intereses de partidos. Nos jugamos el bienestar de los ciudadanos», remacha.