El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha, Emiliano García-Page, despachó este pasado martes durante casi tres horas con la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, al objeto de abordar la problemática del agua en la comunidad autónoma, así como el escenario que plantea la región en materia energética.
Así, entre los grandes acuerdos alcanzados, los gobiernos de España y Castilla-La Mancha acordaron poner en marcha una comisión bilateral para hablar de agua; mejorar el abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, y sumar a estos municipios a los órganos donde se deciden los trasvases, es decir, en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
Al respecto, en su sede regional, el responsable de Acción Política de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, José María Fernández, se preguntó si en la comisión bilateral acordada este pasado martes entre los Gobiernos central y autonómico van a estar miembros de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.
Para Fernández, este encuentro hubiese sido una «buena oportunidad» para poner sobre la mesa una ley que ponga fecha de caducidad al acueducto Tajo-Segura y otra que hiciera ilegal las derivaciones de agua de los pantanos de la cabecera del Tajo en situaciones de estrés hídrico.
Recordó que se anunció la puesta en marcha de una comisión bilateral para hablar de agua, si bien se preguntó: «¿Quién la compone, los mismos miembros de la Comisión de Explotación del Tajo?». Además, señaló que a IU le hubiera gustado que la comisión bilateral hubiera quedado definida en su composición y funciones.
El «palmero» del Ministerio. En este punto, valoró la incorporación de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, aunque, a renglón seguido, lamentó que este organismo es «casi un palmero» del Ministerio para la Transición Ecológica al no haber «echado para atrás» ninguna decisión de este departamento del Gobierno en materia de trasvases.
Además, criticó que el Gobierno de Castilla-La Mancha recurra sistemáticamente los trasvases porque «cuando un juez diga que son legales, los van a consolidar desde el punto de vista legislativo». Por todo ello, ha concluido que la reunión no les ha provocado «ni frío, ni calor».