Continúa hoy jueves en la Audiencia Provincial el juicio contra seis personas de nacionalidad búlgara acusadas de trata de seres humanos por la explotación de decenas de compatriotas en fincas albacetenses, hasta donde las trajeron para trabajar durante la campaña del ajo. Se enfrentan a penas de prisión que podrían tenerles hasta 20 años de tiempo efectivo en la cárcel, aunque todos defienden su inocencia y haber sido simples trabajadores.
Ayer se celebró la segunda sesión de la vista oral con la participación de nueve testigos (otros dos citados no comparecieron), todos ellos empleados o propietarios de las empresas agrícolas que tuvieron contratados a los denunciantes, aunque nunca directamente, sino por la subordinación de empresas de trabajo temporal. A tenor de lo escuchado ayer en el tribunal, nadie apreció nunca signos de explotación laboral. Los empresarios dijeron que de haberlo advertido habrían actuado, pero también dejaron la responsabilidad de tratar a los temporeros en manos de la persona que hacía de encargado o mediador, un ciudadano rumano, G., no acusado, que según los testimonios era quien hacía el trabajo de acarrear temporeros y ponerlos a disposición de los empleadores.
«No sé dónde viven ni cómo duermen, ni cómo llegan, confiamos en G., que traía gente de su confianza, si ha habido algún problema lo desconocemos», contó un testigo, empresario de una finca de patatas de la provincia de Sevilla, el primer lugar donde trabajaron los presuntamente explotados en el mes de mayo de 2016. La acusación que hace el fiscal dice que varias personas trabajaron varias jornadas y «poco o casi nada cobraron», por las deudas acumuladas para hacer frente al viaje de Bulgaria a España, organizado por los acusados. El fiscal tiene el testimonio de varios afectados para suscribir esos hechos, extranjeros que declararon en instrucción.
CAMBIO DE LUGAR. De Sevilla los afectados por el presunto delito de trata viajaron a Albacete, a Villarrobledo, en concreto, transportados en furgonetas. Estuvieron en una casa en Venta de Alcolea, una vivienda sin condiciones, según el fiscal, que habla de cómo todo tenía un precio (deuda bola de nieve), y de que 40 personas residían en el inmueble, 12 ó 13 por habitación.
Los empresarios que emplearon a los explotados en fincas albacetenses donde tenían plantados ajos dijeron en el juicio que tampoco sabían de esas condiciones y que no era algo que estuviera bajo su gestión, de hecho no hay nadie de las empresas agrícolas que esté procesado en esta causa. Los trabajadores acudían a esas fincas, arrendadas por una empresa de Las Pedroñeras, por mediación de una empresa de trabajo temporal que de nuevo contactaba con el mismo ciudadano rumano, G., explicaron otros testigos en el juicio.
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