El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con las normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022, que tienen efecto desde el 1 de enero de este año.
La orden deberá aplicarse a los órganos y entidades que integran el ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2022 establece que corresponde a la Consejería de Hacienda dictar las disposiciones necesarias de desarrollo y ejecución de la citada ley, que se publicó el pasado 29 de diciembre.
La orden de Hacienda tiene 8 capítulos, 54 artículos y siete disposiciones además de doce anexos.
En nota de prensa, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que esta orden establece las normas y regula los procedimientos para una correcta ejecución de los presupuestos autonómicos, que para el presente ejercicio están centrados en la recuperación económica y social.
Asimismo, ha indicado que compaginan esa recuperación con el avance en aquellas políticas que permiten una modernización estructural de la región basada en la transición ecológica y tecnológica, la justicia social y económica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Además, en garantía de una adecuada disciplina presupuestaria en la ejecución del presupuesto, la orden incide en la conveniencia de mantener vigentes aquellos mecanismos de control que contribuyen a no descuidar el compromiso con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Las cuentas del Ejecutivo regional para este año ascienden a 12.273,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,4 por ciento respecto a las cuentas de 2021 y 171,1 millones más.
Una cifra que consolida el gasto público de carácter excepcional destinado el año pasado para la recuperación social y económica tras superar la fase más dura de la pandemia de la covid-19, y y permite destinar 6.758 millones de euros a lo largo del ejercicio 2022 a financiar el estado de bienestar, a reforzar los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Por su parte, las políticas orientadas al desarrollo económico y la creación de empleo superan los 1.863 millones de euros, lo que supone una variación del 6,1 por ciento respecto a 2021, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto.