Preguntada por este asunto, tras las quejas de IU y Podemos, en una rueda de prensa que ofreció este miércoles, la consejera de Bienestar Social comentó que el nuevo plan de empleo de la Junta se han reservado un 25 por ciento de las plazas para personas en situación de vulnerabilidad económica. Por ello, la primera apuesta del Gobierno regional es rescatar a quien esté en un riesgo de exclusión socioeconómica "por medio de un trabajo", y sólo si no es posible esa inserción laboral se les derivaría al cobro del IMS u otras ayudas, como las que palían la pobreza energética. La consejera insistió en que los que cumplan los requisitos de acceder a este IMS tendrán "prioridad" a un empleo protegido y, sólo si falla esta primera opción, se les dará esta ayuda social, contando con la ampliación de su presupuesto con otros cinco millones de euros si es necesario.