Piden rescindir el contrato de la residencia de Higueruela

A.G
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Familiares de los usuarios comunicaron a Bienestar Social «incumplimientos» por falta de suministros y personal, situación que la Junta asegura que «se está normalizando»

Imagen de archivo de la fachada de la residencia de mayores de Higueruela. - Foto: Rubén Serrallé

Familiares de los usuarios de la residencia de mayores El Jardín, de Higueruela, presentaron recientemente una solicitud a la Delegación Provincial de Bienestar Social para que rescinda el contrato de la empresa adjudicataria de la gestión de ese centro público, Aralia, señalando que se han producido varios incumplimientos de las condiciones del contrato.
No es la primera vez que esa compañía, que también ha recibido quejas en otras provincias, suscita las protestas de usuarios y familias de los residentes. De hecho, en Higueruela, éstas llegaron ya a comienzos de 2018, pocos meses después de que se produjese la adjudicación del servicio por cuatro años, de la que aún restan casi dos, y un precio aproximado de 4,5 millones de euros.
José Fernández, hijo de una usuaria, recogió entonces casi 100 firmas para que Bienestar Social tomase medidas ante varios problemas surgidos, principalmente de suministros, situación que llevó a que la Consejería impusiese una sanción económica a la empresa, según asegura. Una de las áreas afectadas en ese momento fue la de las comidas, con escasez «de productos frescos y de primera necesidad» que llevó incluso a que la directora, trabajadora de la Junta «tuviese que salir a comprar alimentos para poder preparar el menú de ese día».
Los familiares aludían también a la falta de «una dieta equilibrada y adecuada» para personas mayores aquejadas de diversas enfermedades. En otras áreas, llamaban la atención sobre «la falta de material como empapadores para las camas, guantes o bolsas de basura» t la «escasez de productos de limpieza» o «de material y herramientas para mantenimiento».
Fernández asegura que, pese a la interlocución periódica con Bienestar Social, las deficiencias no han terminado de solucionarse, lo que le llevó a pedir por escrito a finales de 2019 «el cese inmediato» de la adjudicataria y que ésta no vuelva a contratar con la Administración autonómica. En este caso, los problemas detectados fueron principalmente por la falta de personal, algo que asegura que «se puede verificar con exactitud». 
En concreto, alude a que «no se están cubriendo los días de asuntos propios ni vacaciones» de auxiliares, por lo que durante las últimas semanas de 2019 «no había atención adecuada ni se le dedicaba el tiempo suficiente a los residentes de forma individualizada». La misma situación se da, según Fernández, en el personal de limpieza, «donde la plantilla de turno llega a estar saturada y no puede realizar sus labores de manera efectiva», o la lavandería, que estuvo «sin servicio algunos domingos por la mañana, siendo testigos de ellos por la falta de toallas»

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