Se cumplen tres años sin que el Consejo General del Poder Judicial haya renovado a sus vocales, una falta de respeto a los compromisos constitucionales que contribuye al desprestigio de la justicia y que pone de manifiesto que a los dos principales partidos no les interesa la Justicia y su administración, sino el control de la Justicia y de los nombramientos de sus afines en los principales órganos judiciales.
Solo de esa manera se entiende que todavía ambos partidos no hayan llegado a un acuerdo que impide cubrir las vacantes que se están produciendo en el Tribunal Supremo y otros tribunales superiores que van a acumular casos y a dejar sentencias pendientes por falta de jueces que los juzguen y redacten. El PP insiste en que los jueces elijan a los doce vocales de procedencia judicial jueces porque es la forma de asegurarse el control del órgano de gobierno de los jueces, ya sin disimular que pretendían hacerlo por la puerta de atrás, según la doctrina de Ignacio Cosidó, sino abiertamente dada la mayoría 'sindical' de los jueces conservadores, y para ello se valen de distintos dictámenes y recomendaciones de organismos europeos que apuntan en esa dirección para acercarse a otros sistemas similares europeos, a pesar de que el caso español presenta singularidades evidentes, porque el CGPJ tiene competencias que órganos similares no tienen en otros países.
Desde el primer momento, o desde que el juez Manuel Marchena no se prestó a la componenda del PP tras conocerse sus intenciones, el principal partido de la oposición ha puesto condición tras condición para no renovar el CGPJ, en unos casos vetando candidatos cercanos a Unidas Podemos, en otros anteponiendo el cambio de la ley para que les beneficie directamente.
Tras la renovación de un tercio de magistrados del TC y de otros órganos constitucionales –Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas…- se hace más anormal el bloqueo a la renovación del CGPJ, un asunto en el que trabajan el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que lanzan mensajes sobre la proximidad del acuerdo sin que lleguen a concretarse. El fiasco en la renovación del TC, con el nombramiento de dos magistrados por el PP que supusieron una enmienda a la totalidad de las palabras de Pablo Casado sobre la despolitización de la justicia –aunque el TC no es un órgano jurisdiccional sino político- ha obligado a un distanciamiento temporal de ambos procesos como si el mal ya no estuviera hecho.
Los motivos por los que el PP bloquea la renovación del CGPJ son de orden político de lo más comprensibles. La de los magistrados del TC fue posible porque no alteraba la mayoría conservadora en el intérprete de la Constitución. Pero si se renueva el CGPJ, pasará a tener mayoría progresista con la aplicación de la ley actual. Como consecuencia, la renovación de otro tercio del TC prevista para el próximo año daría a esta institución una mayoría progresista, por cuanto es al CGPJ y al Gobierno a quienes corresponde nombrar magistrados. Es decir, que si el PP considera que puede ganar las próximas elecciones generales tendría que convivir con dos órganos constitucionales de mayoría progresista. Y lo que no quiere es recibir la misma medicina que receta ahora, todo envuelto en bellas palabras sobre la despolitización de la justicia.