La Consejería de Hacienda ha sacado a información pública el anteproyecto de ley por el que se creará la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. O lo que es lo mismo, un órgano propio de control externo de la actividad económica, financiera y contable del sector público regional.

Esta Cámara de Cuenta heredará  las funciones de la extinta Sindicatura de Cuentas (disuelta en 2014 por el Gobierno de Cospedal dentro de su plan de recortes), sumando otras nuevas, como la fiscalización de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Una cuestión que estaba pendiente desde la revisión del contrato-programa de financiación de la Universidad, que enfrentó durante buena parte de la pasada legislatura al actual Ejecutivo autonómico con el ya exrector de la UCLM, Miguel Ángel Collado.

Desde la desaparición de la Sindicatura, hace ahora siete años, el Tribunal de Cuentas estatal se viene encargando de la fiscalización de los organismos públicos de Castilla-La Mancha. Una recentraliación que nunca gustó al PSOE, entonces en la oposición. No tanto por quién fiscaliza, si no porque, a su juicio, este traslado a Madrid iba a prolongar  sine die el control de la cuentas públicas de la comunidad. 

La recuperación del control de las cuentas regionales está en el cajón de asuntos pendientes del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015. Se incluyó en su programa electoral del PSOEde aquel año y, después, en el acuerdo de investidura con Podemos. Incluso, se habló de introducirlo dentro de una posible reforma del Estatuto de Autonomía.

En la actual legislatura, Ciudadanos se ha unido a esta reivindicación, reclamando en varias ocasiones en las Cortes de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de un organismo auditor de la  administración regional.

No obstante, el Tribunal de Cuentas no se desvincula de Castilla-La Mancha, ya que mantiene las competencias de enjuiciamiento en el caso de detectarse una posible irregularidad. Eso sí, la instrucción de los casos se realizaría desde Toledo.

Como la extinta Sindicatura, esta Cámara de Cuentas dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha, siendo ellas las encargadas de nombrar al presidente de este ente. Entre sus funciones estaría el ya citado control de las cuentas de la Junta, de las empresas y demás entes públicos regionales, de la UCLM, del Consejo Consultivo y de las entidades locales, así como la fiscalización de todo tipo de contratos públicos y de la contabilidad de los partidos políticos.

También se encargará de la supervisión de los fondos públicos (incluidos los europeos), así como de las ayudas y subvenciones concedidas por la Junta, y asesorará a las Cortes en cuestiones económico-financieras, si bien sus informes no serán vinculantes.  

En definitiva, la intención es la de «dotar a la comunidad autónoma de un órgano propio de control externo dependiente de las Cortes regionales y con plena autonomía funcional», «que ejerza las funciones de fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha, desde el conocimiento que proporciona la cercanía», según se señala en el primer borrador presentado por Hacienda.

En cuanto a su composición, el presidente de esta Cámara de Cuentas ejercerá su función en un mandato único de 6 años y será el encargado de designar a un equipo formado por un máximo de cuatro auditores de experiencia acreditada.

A priori, parece que la Junta tiene previsto formalizar la creación de este órgano de control vía iniciativa legislativa. Modalidad que permite una tramitación parlamentaria más rápida. Tal y como confirman fuentes consultadas por La Tribuna, la previsión es que este borrador entre en las Cortes antes del verano.

En cuanto al coste económico de esta medida, no debería ser significativo. La Sindicatura de Cuentas suponía un gasto anual de 1,6 millones de euros, de los el 94% correspondían a salarios. Salarios que, por otra parte, la Junta ha seguido pagando tras su extinción, dado que la inmensa mayoría de los trabajadores eran funcionarios públicos, que fueron reubicados en otros departamentos del Ejecutivo regional. Sin ir más lejos, el ex Síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, fue asignado a una plaza de técnico superior en la Consejería de Educación, Grupo A, nivel 22, según confirmó en su día CCOO.

El principal interrogante sobre el retorno de la Sindicatura de Cuentas no está tanto en si saldrá o no adelante (el PSOE tiene mayoría más que suficiente en las Cortes), sino en sí tendrá el apoyo del  PP, partido que lo suprimió hace ahora seis años. Se verá.

Vuelve el primero de los entes ‘liquidados’ por Cospedal

Este Tribunal de Cuentas heredará las funciones de la extinta Sindicatura, uno de los muchos entes autonómicos suprimidos por Cospedal entre 2011 y 215. Cabe recordar aquí que la expresidenta ‘popular’ liquidó durante su mandato buena parte de los órganos consultivos y de control autonómicos, alegando que eran meros ‘duplicados’ de organismos estatales y que suponían un alto coste para las arcas regionales.  

Los primeros en caer fueron el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha y el Consejo Económico y Social. El Defensor del Pueblo estatal asumió el trabajo del primero y, de momento, no parece que esté dentro de los planes del Ejecutivo autonómico recuperar este ente. En cuanto al segundo, Castilla-La Mancha perdió entonces un centro reunión de los diferentes agentes sociales y económicos. Todo parece indicar que la Consejería de Economía dará luz ver en breve a un foro de diálogo que ‘herede’ las competencias del extinto CES.

El Consejo Consultivo también estuvo en la lista. Se salvó al ser un organismo previsto por el Estatuto regional, tal y como reconoció en su día el Gobierno ‘popular’.