La lectura de consumo de cada cliente da más pistas que nunca a las compañías eléctricas para saber dónde dirigir a sus inspectores en las campañas en las que se combate la defraudación de fluido eléctrico, y son campañas que en el caso de Albacete han revelado un mayor porcentaje de enganches ilegales o contadores manipulados
Según datos aportados por Iberdrola, en 2018 se detectaron en la provincia 785 casos de defraudación de fluido eléctrico, el 18,6% de los equipos inspeccionados. Un año antes hubo una cifra mayor de casos de fraude destapados, 874, pero se habían hecho más inspecciones, de forma que el porcentaje de fraude revelado en relación al número de inspecciones hechas se quedó en el 15,4%.
Con el fraude hallado el año pasado en la provincia, la compañía fue capaz de recuperar 3.135 millones de watios hora, una cantidad también menor que la energía regularizada en el año anterior merced a los fraudes encontrados (4.118 millones de watios hora).
La compañía destaca sus números a escala nacional en 2018: Iberdrola realizó algo más de 305.000 inspecciones de equipos por posibles alteraciones, y como resultado de toda esa campaña pudo identificar más de 66.300 fraudes, un 16% más de casos que en 2017, y recuperó un 12% más de electricidad.
Fuentes del sector energético explicaban a La Tribuna que si bien es cierto que el perfil de defraudador eléctrico «se ha profesionalizado», también lo ha hecho «la metodología y herramientas de las empresas distribuidoras, capaces de detectar el 100% de los casos de fraude».
El proceso de digitalización de las redes de distribución y el uso de tecnología de vanguardia «permiten la detección de estas situaciones de forma muy precisa y eficiente». Un cambio de consumo que despierte las sospechas genera en una inspección que vigila que no se trate de una manipulación ilícita del contador.
UNA PERCEPCIÓN EQUIVOCADA. Desde el sector eléctrico se advertía a este diario de que existe una percepción muy extendida, pero errónea, que asocia los enganches ilegales y la manipulación de contadores a la realidad domicilios particulares de personas sin recursos, pero es justamente lo contrario: «Más del 99% de la energía defraudada en España se origina en el sector residencial de gran consumo», es decir, el sector servicios y el industrial. Unos datos que constatan que «estas situaciones solo se presentan de forma puntual en viviendas habitadas por familias en situación de vulnerabilidad». Sobre estos enganches fraudulentos desde las empresas eléctricas se añadía que son prácticas que «conllevan un elevado riesgo para la seguridad e integridad física de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios».
La persecución de este tipo de prácticas no se queda ahí. El fraude eléctrico en España «preocupa también a las Administraciones Públicas, que ven en el incremento de las pérdidas, derivadas de enganches ilegales y manipulaciones de contadores, un recorte de los ingresos regulados del sistema eléctrico que puede poner en riesgo el equilibrio económico del sector». Además, los fraudes «repercuten de forma directa y significativa en el bolsillo de los consumidores que sí pagan su factura».
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