La Consejería de Bienestar Social impulsa la formación de técnicos que participan en la provincia de Albacete en el seguimiento y ejecución de medidas judiciales con menores. Así lo trasladó la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, acompañada del jefe de servicio de Infancia y Familia, José Ricardo Navarro, durante su asistencia a las jornadas de formación que, durante este primer trimestre del año, va a desarrollar el Servicio de Infancia y Familia, en el Centro Regional de Menores y Jóvenes (CRMJ Albaidel), para el conjunto de profesionales que participan del seguimiento y aseguran la ejecución de las medidas que deben realizar aquellos menores que se encuentran en conflicto con la Ley.
Este foro, que pretende ser una plataforma de debate, de reflexión y de análisis, contó con la asistencia de 20 técnicos y educadores, personal técnico y educativo del CRMJ Albaidel y representantes de diferentes entidades colaboradoras.
Durante su intervención, Coloma señaló que «los menores inmersos en los procedimientos de justicia juvenil tienen un conjunto de derechos en cada etapa del sistema de justicia penal» y trasladó la obligación de la Administración de «garantizarlos con la correcta formación y conocimiento de sus derechos, de sus necesidades y de su desarrollo».
Entre los presentes en estas jornadas se encontraban los directores de los dos centros de titularidad pública que la Consejería tiene en la región y que están ubicados ambos en la provincia, Raúl Martínez, director del CRMJ Albaidel y, Soledad Martínez, directora del CABE Arco Iris; la profesora Esther Fernández Molina, doctora en Derecho, profesora de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y responsable del grupo consolidado de investigación en Criminología y Delincuencia juvenil de la UCLM con la que se ha tratado el tema ¿Está la justicia juvenil adaptada al menor? Un análisis de la implementación de los estándares europeos.
Fernández Molina recordó «la apuesta de la Administración regional por una concepción, del seguimiento de medidas judiciales, basada, no en el hecho de que lo determinante sea la pérdida o la restricción de la libertad, sino que prime el factor educativo y las posibilidades de mejora y progresión personal».