La llegada de la pandemia y el confinamiento llevó al Gobierno a tomar medidas extraordinarias en materia económica, con el fin de evitar que muchas empresas se fueran a la quiebra o tuvieran que hacer despidos. 

Entre esas medidas, se amplió hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores y se suspendió la obligación del juez de tramitar las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores desde el 14 de marzo de 2020. Aunque la medida fundamental  fue la de facilitar y flexibilizar los mecanismos de suspensión de contratos de trabajo, y en añadirles algunas ventajas económicas para las empresas; es decir, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que permiten a las empresas, suspender los contratos de trabajo y mantener el empleo hibernado a la espera de una recuperación de la normalidad productiva. Unas medidas cuyo fin, en principio está muy próximo, sobre todo la de los ERTE, que está previsto que acaben a final de mes.

El final de las medidas del Gobierno puede traer una avalancha de casos  a unas jurisdicciones determinadas, como comenta el juez decano de Albacete, Pedro Benito López. «Una vez que terminen las medidas adoptadas con carácter temporal, se puede producir un aumento importante de asuntos, pero tampoco sabemos como será. entiendo que habrá muchos más pleitos, tanto en Social como en Mercantil, que serán, sin duda, las dos áreas más afectadas».

Unas afirmaciones con las que coincide la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en la región, Pilar Astray. «Entendemos que la situación está un poco parada y pensamos que lo más complejo va a venir después. Creo que va a haber colapso, más del que hay hoy en día y no sé como saldremos de ésta».

En este sentido, el representante de Asociación de Jueces Francisco de Vitoria en Castilla-La Mancha, Florencio Rodríguez Ruiz, coincide con que ya existe una situación de sobrecarga de asuntos en los juzgados de la región y señala que  los Juzgados de lo Social de Albacete tienen una sobrecarga de trabajo del 50% con respecto a los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial y los de Toledo del 200%. En cualquier caso, aplaude las medidas que se han tomado hasta ahora, como el convertir los Juzgados de lo Mercantil de Albacete y Toledo en exclusivos o el juez de refuerzo  adicional que hay en los Juzgados de lo Social en Albacete y Cuidad Real. Algo que Astray cree que puede ayudar a sobrellevar una posible avalancha de casos. 

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