Examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre es la definición del verbo auditar que recoge la Real Academia Española. Un verbo muy conjugado en el documento anexo del pacto alcanzado por el Partido Socialista y Podemos.

Ambas formaciones se han puesto de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una revisión de la contabilidad de la Junta por parte de un auditor y sin dejar fuera de este análisis ningún área ni rincón de la comunidad. De hecho, en el punto tercero del acuerdo plantean una auditoría para aclarar las cuentas públicas y crear un nuevo órgano de fiscalización externo. En este caso se llamará Cámara de Cuentas y reemplazará al que el Partido Popular suprimió: la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. Asimismo, se comprometen a publicar los informes internos y externos de evaluación de los servicios y políticas públicas.

Para el desarrollo de este planteamiento pretenden aprobar una Ley de Auditoría Pública de Castilla-La Mancha, para regular los mecanismos de participación ciudadana en las auditorías, entendiendo como imprescindible «vehicular esta intervención de los ciudadanos en las auditorías de la gestión pública pasada, presente y futura».

El objetivo es abrir el control y la auditoría a colectivos sociales y profesionales sin ninguna vinculación a las entidades privadas o públicas con implicación directa o indirecta a la causa u organismo objeto de auditoría. La aprobación de esta norma estaba recogida en ambos programas electorales. En el caso de Podemos era la medida número 2, mientras que el PSOE la recogía en sus propuestas 20 y 24.

Aunque estos procedimientos llevan su tiempo, los dos partidos se han marcado en el pacto un primer plazo. Así, el documento recoge que antes de agosto de este mismo año se realizará una auditoría inicial o ‘foto fija’ del estado real de las cuentas de la Junta de Comunidades por parte del Gobierno regional con publicación de los informes internos de evaluación por consejerías y provincias.  

Asimismo, el segundo plazo se fija para antes del 20 de noviembre, cuando tendrá que estar aprobado el proyecto de Ley de Auditoría Pública Ciudadana por el que se creará la nueva Cámara de Cuentas, que será dependiente presupuestariamente de las Cortes, y se constituirá como un órgano colegiado externo al Gobierno compuesto por profesionales de reconocido prestigio y miembros de la sociedad civil que representen a organizaciones sociales sin vinculación partidaria. La composición de los miembros tendrá que contar con la aprobación de dos tercios de la cámara, o mayoría absoluta en segunda vuelta.

El tercer plazo que se contempla en el acuerdo es finales de año, cuando tendrán que estar publicados los primeros informes externos sectoriales de la Cámara de Cuentas, dando prioridad a los referentes a suministros básicos y sanidad. Estos informes tendrán que observar las magnitudes y responsabilidad de las deudas contraídas por consejerías y ámbitos territoriales y la contabilidad analítica relativa a los diferentes niveles de eficiencia y eficacia de las actividades y servicios públicos externalizados.